El Gobierno prepara una nueva reforma estructural, «del mismo nivel de la reforma de las pensiones». Así lo anunció ayer la ministra de Seguridad Sociales, Elma Saiz, que quiere impulsar a través del diálogo social cambios en la incapacidad temporal para que se permita la reincorporación laboral voluntaria por tratamientos médicos si así lo desea el trabajador. Saiz quiere dotar de una «mayor flexibilidad» a esta legislación. Por ello, avanzó que su departamento ya trabaja en la elaboración de una nueva normativa para que los trabajadores con una incapacidad temporal (IT), «en algunos supuestos y siempre desde la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad, puedan incorporarse a la actividad laboral».
En el fórum de Nueva Economía, la ministra se marcó el objetivo de «dar más opciones a quién lo desea y dotarles de mayor flexibilidad, que no sea únicamente estar de baja o de alta», cambiando la regulación «como se ha hecho con la compatibilidad de trabajo y pensión en el último acuerdo del diálogo social». La ministra cree que la legislación existente «es muy abrupta». También ha anunciado que, dentro de esta mayor flexibilidad, se quiere introducir una mayor capacidad de decisión del trabajador para la vuelta al trabajo voluntario en los procesos de IT de empleados en pluriactividad: «Hay personas que pueden estar en una situación de baja para una actividad, pero para la otra sí que pueden desarrollar determinados trabajos».
La intención de la titular de Seguridad Social es convocar una mesa de negociación con los agentes sociales en el marco del diálogo social para abarcar esta reforma que, «desde la voluntariedad, permita la reincorporación laboral de personas con una baja médica y con la mirada puesta también en la discapacidad».
Las reacciones entre los agentes sociales no se hicieron esperar, con una de cal y otra de arena. Desde CC OO afearon a la ministra que haya anunciado una reforma tan importante sin habérselo comunicado previamente a los agentes sociales. «No es forma de avanzar un cambio así», explicó su secretario de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo. Cree que todavía es pronto para hacer una valoración «porque no se ha puesto sobre la mesa lo que pretende hacer», aunque ha mostrado las serias dudas sindicales tras advertir que, con esta reforma, «nadie tiene que estar de baja un día más de lo que necesita, pero tampoco un día menos del necesario». Reconoció como un problema el retraso en diagnósticos y tratamientos provocado «por el déficit de inversión sanitaria» y admitió el aumento de las bajas y del gasto en IT «por culpa de un mercado laboral más envejecido».
La secretaria de política institucional de UGT, Cristina Estévez, tampoco recibió con parabienes este anuncio, ya que «nos genera muchísimas dudas. Nuestra preocupación es que los trabajadores reciban los cuidados y la atención médica oportuna en el momento oportuno». Como su homólogos se CC OO, también criticaron la forma de plantear este debate, por lo que ha emplazado a la ministra a que «presente una propuesta concreta a la mesa de diálogo cuanto antes».
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, directamente lo ha rechazado. «Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega», contestó a través de sus redes sociales.
En el mismo sentido, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla (Más Madrid), también mostró sus reticencias tras defender que la incapacidad temporal como «una herramienta clínica para cuidar la salud» de los trabajadores y ha avisado del peligro de posibles coacciones en la «voluntariedad» de la medida que plantea Saiz. «Cualquier propuesta relacionada con este tema debería tener un fin fundamental: mejorar el proceso de recuperación y cuidado de la salud de las personas trabajadoras y evitar recaídas de sus procesos que causaron la incapacidad», indicó Padilla a través de un mensaje en sus redes sociales. De igual manera, a la espera de ver la propuesta concreta, ha pedido no supeditar la salud de los trabajadores a «criterios laborales».
Por contra, la patronal no se siente muy alejada de la posición ministerial y que se lleve a cabo esta reforma. De momento, fuentes de CEOE han confirmado que acudirán a la mesa «para concretar la evaluación de indicadores y plantear ahí las mejoras y las medidas que creamos convenientes» y corroboraron que lo dicho por la ministra va en línea con una propuesta que la Asociación Española Contra el Cáncer presentó a los empresarios y sobre «la que ya se ha estado trabajando de forma conjunta». Su planteamiento va en la misma línea de la ministerial, e incluye a los trabajadores autónomos. Desde ATA lo ven con buenos ojos: «La propuesta tiene sentido».
La prestación por IT cubre la pérdida de rentas de un trabajador que se encuentra imposibilitado de manera temporal para trabajar, por enfermedad o accidente, y además recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social. De este modo, con la regulación actual, el tiempo en el que un trabajador está de baja médica no es posible trabajar, pues la prestación, en ese caso, sería denegada, anulada o suspendida.
Detrás de esta reforma estaría la preocupación del Gobierno por el crecimiento exponencial del gasto por bajas laborales. Según los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, este gasto en subsidios de incapacidad temporal se disparó un 17,6% en los ocho primeros meses del año, hasta los 10.422 millones de euros.
