Por unanimidad, los nueve diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley para regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados, tanto en el sistema penitenciario como en el régimen semiinstitucional (cuando la persona sale de la cárcel mediante beneficios condicionados).
Este proyecto, el primero en su tipo, reemplazará el esquema fragmentado actual, en el que alrededor de 10 normas del Código Penal regulan el cumplimiento de las sentencias.
La iniciativa consta de 159 artículos y tres disposiciones transitorias; aborda el proceso restaurativo, la libertad condicional, la capacidad carcelaria para evitar hacinamiento, los procedimientos y plazos, entre otras normas.
El proyecto también establece los deberes de los internos, como la convivencia respetuosa, el mantenimiento de la higiene personal y el cuidado de las instalaciones, al tiempo que aborda los derechos de los privados de libertad, incluyendo acceso a la defensa legal, atención médica, educación, aspectos de la salud sexual y traslados en condiciones adecuadas.
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Este marco legal fue consensuado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de modernizar y unificar la normativa relacionada con la ejecución de penas en el país.
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