Aunque España entera se está viendo obligada a “apretarse el cinturón”, el Presupuesto de las Cortes Generales ha vuelto a reservar casi tres millones de euros para pagar las pensiones de los exparlamentarios que cumplan los requisitos en 2025, en los que también se incluyen otras ayudas económicas para sus hijos o cónyuges viudos.
En concreto, la partida aprobada por unanimidad por las Mesas del Congreso y el Senado es de 2.966.250 euros para estas ayudas, una cantidad similar a las que se ejecutaron en 2022 y 2023, dos años en los que ni siquiera se gastó todo el dinero. Según el proyecto presupuestario al que ha tenido acceso Ep, en 2022 la partida fue de 2.567.069,05 euros (el 86,54%), y al año siguiente 2.442.463,87 euros (el 82%).
Este año se han dedicado 805.258,88 euros al pago de las pensiones de los exparlamentarios que aún pueden cobrarlas, una cifra a la que hay que sumar los 215.221,44 euros de otras ayudas económicas para este colectivo y otros 268.382,64 euros para ayudas a sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años.
A consecuencia de la crisis económica, el régimen de pensiones parlamentarias se reformó en julio de 2011, lo que resultó en la eliminación del complemento de pensión de jubilación del que gozaban los parlamentarios que hubieran tenido escaño durante, al menos, siete años. Esto no afectó a los que ya tenían reconocida la pensión ni a quienes, al inicio de aquella legislatura, hubieran generado el derecho a cobrarla cuando se jubilaran.
Hasta 2011, los exparlamentarios que hubieran cumplido 55 años al momento de su cese, o los fueran a cumplir en el año de la disolución de la Cámara y carecieran de una actividad profesional por cuenta propia o ajena, tenían derecho a que las Cortes Generales les mantuvieran dados de alta en la Seguridad Social hasta completar el periodo de cotización necesario para poder acceder a su pensión de jubilación.
De este modo, los beneficiarios de esta medida que careciesen de ingresos después de cobrar la indemnización por cese, tenían derecho a percibir también una ayuda equivalente al 60% de la asignación constitucional hasta completar el periodo de cotización obligado para cobrar su jubilación.
Así, el complemento de pensión se mantuvo para todos los diputados y senadores que lo fueron durante toda la Legislatura Constituyente (1977-1979) y la primera legislatura (1979-1982). Actualmente, algunos de los 120 exdiputados y exsenadores que cobran estas pensiones son los socialistas Pablo Castellano o Javier Rojo; los populares Luis de Grandes y Jaime Ignacio del Burgo; Cristina Almedia (IU y PSOE) o Guillerme Vázquez (BNG).
Por el contrario, los exparlamentarios a los que la duración de su mandato no les permita obtener la pensión parlamentaria, así como sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años, pueden solicitar a las Mesas del Congreso y del Senado la concesión de una ayuda económica, que se les concederá si lo acuerdan mediante resolución motivada por tres quintos de las Mesas de ambas Cámaras, que también fijarán su cuantía y condiciones.
