En los regímenes republicanos como el nuestro, al Poder Ejecutivo le corresponde proponer el proyecto de desarrollo nacional a la ciudadanía y una vez ganadas las elecciones, a los poderes legislativo y judicial les toca facilitar su realización al desempeñar las funciones que les corresponden.
Ante el núcleo del proyecto electoralmente ganador, la independencia entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no debe dar lugar a confrontaciones, sino a su coordinación básica y a contrapesos que solo acoten las estrategias y programas del proyecto en marcha.
La posibilidad de que así ocurra está dada por la reforma Constitucional en materia judicial y sus leyes secundarias, que buscarían una coordinación de los ministros, magistrados y jueces como intérpretes del derecho, con el proyecto político que ahora encabeza Claudia Sheinbaum.
La propuesta de la presidenta (con A) Sheinbaum se sostiene en el doble propósito de lograr un crecimiento económico compartido que al serlo así, fortalezca el mercado interno como factor destacado de estímulo a la dinámica de las inversiones privadas en la generación de riqueza.
Por ahí va el cambio de modelo de desarrollo; consiste en que en vez de que sean las fuerzas del mercado las que determinen quien gana y quien pierde en la generación y reparto de la riqueza, como ocurrió durante los años del neoliberalismo, sean los tres poderes del gobierno los que favorezcan, mediante políticas y acciones concertadas, resultados más equitativos.
El discurso de Sheinbaum es claro: se trata de hacer de México un país económicamente más dinámico, eficiente y competitivo, pero también socialmente más justo.
Además de impulsar el crecimiento de la economía, el nuevo gobierno contempla el desafío de hacer que la planta productiva del país no se limite primordialmente a maquilar productos de corporaciones transnacionales, sino que ofrezca mercancías diseñadas y producidas con tecnología en México.
Al respecto, la presidenta adelantó, al rendir protesta al cargo, un paquete de políticas para mejorar las capacidades de innovación de las empresas a fin de que hagan menos maquila y más productos de alto valor con base en diseños y tecnología mexicanos.
A diferencia de AMLO, se comprometió a apoyar “las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades, y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional”.
La calidad de esa vinculación hace una gran diferencia entre países ricos, que son los que dominan en algún área de ciencia y tecnología, y los países pobres que pagan regalías por usar lo que se les permite utilizar.
Sheinbaum lo sabe y también reconoce la importancia de las empresas privadas en la transformación manufacturera que México merece tener; el gobierno, por su parte, aportará el sistema de digitalización “más ambicioso de la historia” para facilitar el pago de impuestos y otros trámites.
La economía se está desacelerando rápidamente este 2024; para crecer más rápido, además de la innovación tecnológica, destaca la atracción de inversiones en relocalización geográfica y para ello, México necesita ofrecer energía suficiente y limpia.
Al respecto, la presidenta se comprometió a que este mismo mes presentará el Plan Nacional de Energía, que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables, que contribuyan a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.
Tan importante como la política energética (quizás más) es el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua. Dijo Sheinbaum que este mes su gobierno firmará un Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica con todos los actores y que promoverá las reformas jurídicas que garanticen el agua como un recurso de la nación.
A una economía más dinámica y eficiente, generadora de mayor valor agregado en las manufacturas y más alta productividad de sus trabajadores, le deberá corresponder —ahora sí— que el salario mínimo siga aumentando. “Nuestro objetivo, dijo la presidenta, es alcanzar 2.5 canastas básicas”, para lo cual los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deberán coordinarse para concertar tal política de gobierno con el sector empresarial y con los trabajadores.
En paralelo se mantendrán todos los programas del bienestar, de los que está por aprobarse su constitucionalidad. Políticas comprometidas en la lucha contra las desigualdades deberán también elevar la calidad de los servicios de salud y educación.
La presidencia de Sheinbaum es un refrendo al proyecto de la 4T que significa la recuperación de expectativas sociales de alcanzar mejores condiciones de vida, y con ello, de que la violencia vaya disminuyendo.
