Los abusos sexuales en la infancia tienen unas graves consecuencias que abarcan multitud de aspectos, y ponen sobre la mesa la necesidad de abordarlos desde un enfoque multidisciplinar. El estudio «¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia», elaborado por Educo y la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, indica que en lo meramente económico, este tipo de violencia contra los menores tiene un coste mínimo estimado tanto en las víctimas como en la sociedad de 4.500 millones de euros, lo que supone un 0,31% del PIB.
«Hablamos de 4.500 millones de euros que suponen un coste para la sociedad, tanto económico como en términos social de oportunidad y de productividad, actualmente y en el futuro. Y lo que queremos es básicamente empezar a visibilizar un problema del que conocemos solo la puntita del iceberg», explicó este miércoles en la presentación del informe la directora de Incidencia política de Educo, Macarena Céspedes.
La investigación señala que el 17,29% de la población ha sufrido violencia sexual en la infancia –lo que supone la escandalosa cifra de uno de cada seis menores–, y que durante el año pasado se denunciaron 9.185 casos, mientras que se calcula que hubo otros 77.407 que no salieron a la luz. Cada año las consecuencias de los abusos sexuales a los niños suman 1.275.670.086 euros, que comprenden los casos denunciados y ciertos costes derivados de casos no detectados (como la atención psicológica en años posteriores). A esa cifra se han sumado otros 3.178.203.081 euros al año en daños de difícil monetización, como la pérdida de productividad, la destrucción de la riqueza o daños emocionales a la víctima. Esta cantidad representa casi tres veces más que los costes de la violencia sexual.
Así, el documento clasifica los costes de la violencia sexual en los niños en dos grandes categorías, de la que la más importante son los gastos «incurridos», que comprende el desembolso asociado a los casos detectados y también a determinados costes de los no denunciados a partir de la prevalencia total. Esta categoría incluye los costes sanitarios (808 millones en atención psicológica y psiquiátrica, enfermedades crónicas derivadas derivadas, adicciones, urgencias...), los educativos (63 millones), los sociales (casi 312 millones, relativos a la protección del menor) y los judiciales (más de 92 millones en asuntos judiciales, servicios penitenciarios o responsabilidad civil, entre otros). El equipo que ha realizado el estudio señala, no obstante, que se ha hecho una aproximación conservadora y que las cifras planteadas son mínimas.
Más allá de los llamados gastos «incurridos», la investigación pone también el foco en los «daños de difícil monetización», como son la pérdida de productividad, la destrucción de la riqueza o los daños emocionales de la víctima y su familia, que se sitúan en 3.178,2 millones de euros. «La violencia sexual provoca pérdidas que no tienen traducción económica. Destruye oportunidades, limita la participación social, afecta a la cualificación profesional y genera un profundo sufrimiento tanto en las víctimas como en sus familias. Estos impactos son difíciles de cuantificar en términos monetarios, y representan un costo social significativo para el país a largo plazo», sostiene el informe.
Ante estas cifras, Macarena Céspedes advirtió de que «el problema de la violencia contra la infancia no es un problema de un único ministerio». «Es un problema de toda la sociedad, y por lo tanto de todo el Gobierno, de todas las Administraciones y de todos los que formamos parte de este país», aseguró la directiva de Educo.
«Lo que queremos es una respuesta integral», insistió Céspedes, quien reclamó la «correcta implementación» de la Ley orgánica de protección integral frente a la violencia a la infancia. No obstante, consideró que «hay que saber aplicarla, bajarla a los contextos autonómicos, desarrollarla y generar una estrategia para ponerla en marcha», aseveró.
El estudio denuncia que España sigue encorsetada en «unas estructuras sociales que impiden que los casos se denuncien y salgan a la luz»: «Si bien una estimación a la baja indica que uno de cada seis niños y niñas sufrirá violencia sexual durante sus primeros 18 años de vida, sabemos que solo un pequeño porcentaje acabará denunciando», destacó.
Por este motivo la experta reclamó como imprescindible la puesta en marcha de políticas de prevención y detección precoz, centradas en las personas que trabajan con los niños y adolescentes, «que tienen que ser capaces de detectar cuando está ocurriendo algo anómalo, cuándo está sufriendo (el menor), o si ve que hay algo diferente», al tiempo que pidió una «mayor sensibilización, porque con la violencia no se acaba de un día para otro», concluyó Céspedes.
