La mala evaluación de los ciudadanos es similar para los dos poderes del Estado, según muestra la encuesta del IEP de setiembre. Se trata de cifras que ubican al Ejecutivo y al Legislativo en un 5% de aprobación; al primero de ellos con 90% de desaprobación y al segundo con 92%.
Es decir, de cada 10 peruanos, 9 no están de acuerdo con el accionar de ambas instituciones. Es una situación de precariedad absoluta para la legitimidad y una posición que entraña graves peligros para la gobernabilidad. Los números que arrojan las regiones del país en esta encuesta también constituyen materia de preocupación, porque en todas las regiones del norte, centro y sur del país, y el Perú rural, se configuran las peores evaluaciones de los ciudadanos (hasta 3%) y ya constituyen una tendencia que se va convirtiendo en mayoritaria, salvo Lima metropolitana, que le otorga un 8%.
Es este, sin duda, el gobierno peor evaluado de la historia contemporánea reciente. No hay ninguno que haya tenido tan malas cifras y sobre todo tan pronto, porque el desgaste ha sido un factor que ha afectado casi siempre hacia el final de los regímenes. El caso del Congreso es particular. Ha llegado a un dígito y ha seguido su línea descendente.
El contexto en el que se ha dado esta encuesta del IEP también es muy significativo. Los incendios forestales que avanzaban incontenibles afectando a 22 regiones del país y la respuesta gubernamental que tardaba y buscaba restar importancia a lo que estaba ocurriendo son sin duda un elemento que ha calado en la opinión pública. Y el contundente paro de transporte público que perjudicó a la ciudad en su conjunto y la paralizó por 24 horas, ídem.
En esta ocasión no fueron reclamos para alza de pasajes o de carácter reivindicativo. Se trata de frenar la ola de extorsión que afecta el negocio del transporte por el pago de cupos. Y los crímenes cometidos por sicarios contra los choferes y pasajeros.
El fracaso en materia de gestión gubernamental ante los incendios y las extorsiones, amén de las medidas procrimen dictadas por el Congreso y que han alentado la proliferación de estos ataques criminales parecen ser buenas explicaciones para esta tan mala evaluación ciudadana, como la que muestra la encuesta del IEP de setiembre.
