El Gobierno ha vuelto a dividirse hoy en el Congreso de los Diputados en una votación. PSOE y Sumar han votado distinto, lo que ha provocado una derrota parlamentaria para Sumar, que encadena dos en esta semana tras el voto en contra de Junts a la proposición de ley con la que pretendía mejorar la Ley de Vivienda.
El PSOE ha votado en contra de una proposición no de ley del partido de Díaz en la Cámara Baja que tenía por objeto crear una entidad pública empresarial que gestione las centrales hidroeléctricas del país, mediante la asunción de la gestión de las concesiones finalizadas del dominio público hidráulico. Los socialistas han votado así en el mismo sentido que el PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que la propuesta de Sumar tan solo ha recibido los votos de Podemos, ERC, Bildu y BNG, mientras el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, -en el grupo Mixto- se ha abstenido.
La propuesta de Sumar contempla la creación de una empresa pública con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, lo que le otorgaría la flexibilidad necesaria para producir energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas. Esta compañía podría surgir a partir de la transformación de Hunosa, perteneciente a la SEPI, o bien constituirse desde cero, con la posibilidad de ampliar la participación pública a las comunidades autónomas.
Sumar instaba al Gobierno a elaborar un informe exhaustivo sobre la situación de las concesiones del dominio público hidráulico que delimitase y clarificase los vencimientos y analizase el cumplimiento de los términos de dichas concesiones. El grupo plurinacional planteaba que esa empresa estuviera habilitada para desarrollar e invertir en nuevas instalaciones de producción de energía y para constituir sociedades, así como participar mayoritariamente en otras ya constituidas, para llevar a cabo la actividad de generación de energía.
El diputado de Sumar, Toni Valero, explicó en el debate que esto implicaba "recuperar lo que es de todos y de todas, los saltos hidroeléctricos", que son instalaciones que permiten generar energía a partir de la fuerza del agua, informa Ep. "¿Queremos ser un país en el que la producción de energía está en manos de multinacionales y fondos de inversión destinada a la exportación o al minado de criptomonedas, o queremos que la producción esté en manos públicas para abaratar la factura de la luz?", reflexionó Valero.
En el debate tanto ERC como Junts protestaron contra la idea de que sea una empresa estatal la gestione esas concesiones y no una catalana. "No queremos un organismo estatal que gestione activos catalanes", dijo Pilar Calvo de Junts; mientras que Teresa Jordá, de ERC, recomendó a Sumar prestar "mucha atención en meter las manos del Estado" en las competencias autonómicas.
De su lado, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, remarcó que la soberanía energética no depende de si la gestión de la empresa "es pública o privada", sino que tiene que ver con una "buena y eficiente gestión de los recursos".
Por último, tanto PP como Vox se opusieron frontalmente a la propuesta del grupo plurinacional. El diputado de Vox, José María Figaredo, protestó contra la idea de que sea Hunosa la empresa pública que gestione las concesiones porque "acumula pérdidas millonarias ejercicio económico tras ejercicio económico". El portavoz energético del PP en el Congreso, Juan Diego Requena, justificó su oposición porque la medida supondría instaurar una "autarquía energética inédita en 70 años". Por su parte, la portavoz socialista, María de las Nieves Ramírez justificó su voto en contra al no ver "necesario" crear una empresa puesto que conllevaría "graves retrasos" en las concesiones "en detrimento del beneficio de los consumidores".
