El Gobierno australiano planea establecer un límite de edad para el acceso de menores a las redes sociales, en respuesta a preocupaciones sobre su salud mental. Esta iniciativa, respaldada por un amplio consenso político, ha generado alertas por parte de algunos expertos sobre posibles consecuencias adversas.
El primer ministro, Anthony Albanese, anunció que su administración presentará la legislación en el Parlamento este año, con el objetivo de proteger a los más vulnerables de los efectos negativos de internet ya que, según él, constituye una «lacra» por lo que se debe fomentar actividades al aire libre. Aunque aún no se ha determinado la edad exacta para el acceso a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, se llevarán a cabo pruebas de verificación en los próximos meses. No obstante, algunos especialistas expresan dudas sobre la viabilidad técnica de implementar y hacer cumplir estos límites de edad.
El tema de la regulación de las redes sociales para proteger a los niños plantea desafíos importantes, especialmente en un contexto de tecnologías en constante evolución y en un entorno globalizado donde las plataformas digitales operan a nivel mundial. La propuesta australiana ha planteado un reto complejo en términos de equilibrar la protección de menores con la libertad de expresión o el acceso a la información. Esos espacios en línea exponen a los menores a posibles abusos, ciberacoso y explotación, al tiempo que ofrecen un salvavidas a aquellos aislados social o geográficamente, y proporcionan a las comunidades una conexión que habría sido imposible antes de la era de Internet. Pero Albanese ha llegado a la conclusión de que los perjuicios superan con creces a las ventajas. «Quiero ver a los niños alejados de sus dispositivos y en las canchas de fútbol, las piscinas y las pistas de tenis. Que tengan experiencias reales con gente de verdad», sentenció el líder australiano.
Este país oceánico se ha posicionado como un referente global en la regulación de las plataformas sociales, y ha destacado por la confrontación de su organismo de control de la seguridad en línea con X, la plataforma de Elon Musk, por los controvertidos contenidos que alberga.
El impacto de esta disputa por imponer límites a la difusión de información potencialmente perjudicial en el ciberespacio trasciende las fronteras australianas y proyecta una sombra sobre la responsabilidad de las tecnológicas en la gestión de contenidos sensibles o dañinos. Asimismo ha demostrado la necesidad urgente de establecer un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los usuarios, especialmente en un entorno digital cada vez más interconectado y globalizado.
La diversidad de opiniones de expertos en el tema refleja la complejidad y las implicaciones que conlleva establecer restricciones en el acceso a plataformas de redes sociales. Algunos plantean dudas sobre la efectividad de la tecnología para garantizar el cumplimiento de estas medidas, además de manifestar preocupaciones sobre protección de la privacidad de los usuarios. Por otro lado, se menciona que la imposición de estos límites podría tener repercusiones negativas en la participación activa de los jóvenes en el entorno digital, limitando su acceso a información y oportunidades relevantes.
