Tirana Hassan lleva más de dos décadas trabajando por la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Lo hizo desde organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Save the Children, y hoy, como directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW), una de las principales organizaciones internacionales de derechos.
Tras una visita de varios días a Colombia para conocer de primera mano la situación en la selva del Darién, Hassan habló con el diario El Tiempo sobre las crisis de derechos humanos en la región y el mundo, los esfuerzos necesarios de la comunidad internacional para atenderlos, y la necesidad de acelerar la expedición de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela, entre otros temas. Aunque reconoce que el mundo enfrenta graves crisis de derechos, también ve con esperanza el futuro y asegura que el planeta tiene las herramientas para salir.
En el mundo, vemos graves crisis de derechos humanos y conflictos armados prácticamente en todas las regiones. En Latinoamérica, tres países ya no son democracias: Nicaragua, Venezuela y Cuba, y vemos un ascenso de gobiernos autoritarios en El Salvador, Perú y México.
”Tenemos serias preocupaciones sobre cómo estos gobiernos están socavando la separación de poderes y otras instituciones que son fundamentales para que haya rendición de cuentas. La otra preocupación en la región es el crimen organizado, que ha causado sufrimiento a las comunidades, y también veo una tendencia en Latinoamérica de políticas de seguridad de ‘mano dura’, que van en contradicción con los derechos humanos”.
Los líderes autoritarios fingen que están actuando por la seguridad. Bukele es un ejemplo, lleva dos años de estado de excepción suspendiendo el debido proceso y las garantías judiciales, encarcelando arbitrariamente a 80.000 personas, entre los que hay 3.000 menores de edad. Los líderes autoritarios y antiderechos se excusan en que actúan por la seguridad y atacan a las instituciones judiciales, a la prensa, a los críticos, con lo cual consolidan su poder y se deshacen de sus controles.
”No se trata de seguridad, se trata de una grave erosión de los derechos humanos. Lo que se necesita es asegurarse de proteger las instituciones encargadas de que estos líderes rindan cuentas. Si esto no puede hacerse dentro del país, corresponde a aliados en la región y en el mundo hacer presión porque cuando hay violaciones de DD.HH. en un país, se termina afectando a toda la región. La situación en El Salvador o en Venezuela no debe normalizarse”.
HRW está muy preocupado por el número de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados solo este año en Colombia. Creo que esto refleja la creciente inseguridad en todas las regiones. Los asesinatos de líderes sin que haya investigaciones ni procesos judiciales sólidos son una preocupación real, lo cual se agrava por un aumento del reclutamiento de niños, de los secuestros, de la violencia general en las zonas rurales. Esto, en esencia, está llevando a que la vida sea aterradora para la población civil en zonas básicamente controladas por bandas criminales y grupos en conflicto.
Nos preocupa la falta de acción y de coordinación para enfrentar efectivamente el crimen organizado. Los gobiernos tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos del crimen organizado y de los grupos armados y hemos visto que la situación está empeorando bajo este gobierno y estas fallas en materia de derechos humanos en Colombia no son necesariamente por acciones del gobierno, sino más bien por su omisión.
En México se aprobó una reforma constitucional que hará que 1.500 jueces federales sean destituidos y luego elegidos por votación popular en los años 2025 y 2026. Esto da lugar a corrupción en el sistema judicial y este cambio constitucional se aprobó en apenas 12 días. Nos preocupa que este cambio estructural pondrá en peligro la independencia del Poder Judicial y afectará aún más la capacidad de los mexicanos de acceder a la justicia.
Si tomamos el tapón del Darién, por ejemplo, lo que ha hecho Colombia en términos de ofrecer protección temporal a los venezolanos es un ejemplo para el resto de la región. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno amplíe esas protecciones. También tenemos que reconocer que, aunque la situación de seguridad en el país es crítica, hemos visto cambios, como una reducción de los asesinatos y abusos por parte de la Fuerza Pública. Cuando los gobiernos tienen la posibilidad de tomar decisiones responsables y aplicar políticas sólidas, ya sean políticas de seguridad o de migración, se obtienen buenos resultados en materia de derechos humanos.
Hemos documentado 24 personas asesinadas, arrestos, condenas fraudulentas, pasaportes cancelados… Posiblemente, esta es la peor ola de represión hasta la fecha. Se requiere acción inmediata de los gobiernos de la región y de la comunidad internacional.
”Hay una investigación de la CPI que ahora es más necesaria que nunca, porque hemos documentado graves crímenes. Por eso, le hemos pedido a la comunidad internacional darle recursos a la CPI para que acelere la investigación y que se expidan órdenes de captura. La recolección de evidencias, que será crítica, requiere de una Misión de Determinación de Hechos, y en Ginebra se discutirá el próximo mes si debe renovarse esta misión de la ONU.
Estas órdenes envían un mensaje a los líderes, que creen que son intocables, de que no pueden seguir como si nada. Envían un mensaje de que cada abuso tendrá una consecuencia.
“Miremos el ejemplo de Vladimir Putin: él actúa como si esto no lo afectara, pero el año pasado no pudo ir a Sudáfrica, a la Cumbre Brics, porque ese país es miembro del Estatuto de Roma y habría tenido la obligación de arrestarlo. Lo mismo le pasará con el G20 en Brasil y con otra reunión en Perú. En ambos casos, si Putin pone un pie allí, debe ser arrestado.
“Frente a Maduro, es el mismo principio. Hay que ser capaz de mostrarles a los presidentes que creen que pueden cometer los más graves crímenes, que esto tiene consecuencias”.
Hubo una misión de la ONU y del Carter Center como observadores de las elecciones y advirtieron de serias preocupaciones sobre los resultados. Es necesario que haya una verificación independiente de estos. También debe haber presión de los gobiernos de la región sobre Maduro, para que acepte los resultados reales, y si bien HRW apoya la mediación, en las mediaciones se han hecho algunas propuestas preocupantes, como repetir las votaciones, lo cual no es viable, como tampoco lo es una amnistía general para los involucrados.
“Esto requiere atención internacional y que los gobiernos que tienen alguna influencia sobre Maduro la ejerzan. Maduro ha estado en el poder durante 10 años, tiene un historial de cometer abusos generalizados y sistemáticos, y ahora es el momento de que se haga justicia”.
Lo que vimos cuando estuvimos en los puertos desde donde salían las personas en Turbo y Necoclí, fue una situación desesperada. En primer lugar, los gobiernos de la región deberían ampliar el estatuto de protección temporal, en particular para los venezolanos, permitiéndoles integrarse en las sociedades. En cuanto a la situación humanitaria, el gobierno debe proporcionar coordinación para que haya al menos servicios básicos disponibles para los solicitantes de asilo y los migrantes.
”El Darién es uno de los pasos más peligrosos del mundo. Llevo casi 20 años trabajando en respuesta humanitaria y nunca en mi carrera había visto una situación en la que las mujeres estén tan expuestas a la violencia de género, sabiendo que el riesgo de violación es tan real, que tengan que hacer el viaje con anticonceptivos de emergencia a la mano. También debe haber una mejor coordinación entre Colombia y Panamá.
La guerra en Gaza continúa, la población civil sufre a diario, hemos visto ataques a hospitales, a zonas muy pobladas como campos de refugiados. La letanía de posibles crímenes de guerra está a la vista de todos. Acogimos con satisfacción la intervención de la CPI y de la Corte Internacional de Justicia y creo que cuando nos enfrentamos a crímenes internacionales de tal magnitud, debemos procurar que haya rendición de cuentas. La apertura de una investigación es un buen primer paso, pero si realmente queremos salvar las vidas de los civiles, debemos detener las transferencias de armas al gobierno israelí, que sabemos que está utilizando esas armas para matar a civiles y cometer crímenes de guerra.
Incluso las guerras tienen leyes y las partes en conflicto deben priorizar la protección de los civiles en todo lo que hagan, incluida cualquier discusión que tengan en la mesa de cese del fuego.
La situación en Ucrania es tan difícil para la gente que vive allí como lo era el primer día. Los bombardeos sobre las infraestructuras civiles continúan, estamos a punto de entrar en invierno y las familias no tienen electricidad, calefacción ni agua corriente.
“Vemos continuas violaciones del derecho internacional por ambas partes en conflicto. Lo que hemos dicho sobre Ucrania es que hubo una respuesta positiva por parte de la comunidad internacional para utilizar todas las herramientas para abordar la situación. Vimos una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos, de la Asamblea General de la ONU, vimos a países de toda Europa dispuestos a conceder el estatuto de refugiados a los ucranianos.
“Eso es lo que el mundo es capaz de hacer. Pero, por desgracia, no hemos visto la misma respuesta cuando se trata de Gaza y de otras crisis en todo el mundo”.
Tengo esperanza. Ninguna de estas situaciones es inevitable. Ya sea en Colombia, en El Salvador o en Gaza, existe la capacidad de hacer frente a los errores que se están cometiendo. No se trata solo de cómo responde un país a una serie de problemas; se trata de cómo responde la comunidad internacional a los retos mundiales.
”Todas las herramientas existen y están a nuestra disposición para hacer frente a los abusos contra los derechos humanos a medida que surgen, lo que hace falta es voluntad política. Los gobiernos deben estar dispuestos a proteger los derechos humanos y a darles prioridad, y no a sacrificarlos por necesidades oportunistas de corto plazo”.
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