¿Qué edad tendrá usted en el 2047? ¿Estará cerca de pensionarse o ya estará pensionado? Hay que apuntar esa fecha porque a partir de ese año, a menos de que se tomen medidas, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS será incapaz de pagar las pensiones.
Un artículo del periodista Óscar Rodríguez, de La Nación, reportó el gigantesco déficit actuarial que afronta el IVM. La cifra es de ¢74,6 billones, más de seis veces el Presupuesto Nacional previsto para el 2025.
Los datos se desprenden de la última valuación elaborada por Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, con corte al 31 de diciembre del 2022, la cual fue conocida el pasado jueves 12 de setiembre por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El estudio incorpora los efectos de las últimas reformas aprobadas por la CCSS, las cuales incrementaron las cotizaciones de forma paulatina, modificaron la cuantía de la pensión y eliminaron la pensión anticipada para hombres, entre otras medidas. De no ser por estas acciones, la incapacidad de pago habría empezado en el 2037.
Aun así, a partir del 2033, los ingresos por cotizaciones empezarán a ser insuficientes para pagar las pensiones. El IVM, primero, tendrá que utilizar los intereses de las inversiones y, posteriormente, echará mano de la reserva hasta que el fondo se agote en el 2047. La ruptura del sistema estará completa.
En medio, hay una realidad demográfica difícil de ignorar: el envejecimiento de la población y la reducción de la tasa de fecundidad en Costa Rica, una de las más bajas del mundo. Actualmente, hay cinco cotizantes por cada jubilado, pero, para el 2070, solo habrá 1,5.
Para tratar de revertir la situación, el estudio propone evaluar un conjunto de acciones, como las siguientes:
-Eliminar la pensión anticipada para las mujeres, que hoy pueden pensionarse a partir de los 63 en vez de los 65 años.
-Eliminar el subsidio que exime a los pensionados de pagar el seguro de salud a la CCSS.
-Redistribuir cargas sociales para redirigir más aportes patronales al IVM. En juego, estarían las contribuciones que hoy financian el INA, el IMAS, el Banco Popular y el Fodesaf.
-Retomar la idea de pensión-consumo.-Unificar el porcentaje de cuantía básica de la pensión.
-Buscar nuevas fuentes de financiamiento
No obstante, el panorama de las pensiones podría ser peor porque el estudio parte del supuesto de que el gobierno pagará total y oportunamente los aportes del Estado al IVM, algo que no hace. De mantenerse el incumplimiento, el déficit será mayor.
En los últimos seis años, el gobierno acumuló una deuda de ¢255.000 millones con el IVM, la cual se acelera cada vez más.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sostiene que el aumento de la cuota del gobierno para el IVM es devastador para las finanzas públicas y que el IVM debe reducir los beneficios. También, ha dicho que la única manera de financiar una pensión básica universal es aumentar el impuesto al valor agregado (IVA).
Las finanzas del gobierno, en efecto, muestran grietas. Estas empiezan a reflejarse conforme avanza la discusión del Presupuesto Nacional del 2025, en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso:
-Al Ministerio de Justicia le faltan ¢10.000 millones para garantizar la operación básica de las cárceles.-No hay recursos para poner en práctica la nueva modalidad de prisión para deudores de pensión alimentaria, que les permitiría salir a trabajar para pagar sus obligaciones.
-Los colegios científicos tendrán un fuerte recorte de hasta el 13,3%, pese a sus excelentes resultados académicos.-A la Cancillería le faltan ¢2.700 millones para financiar el servicio diplomático.
-El gobierno presupuestó la menor inversión en obras públicas de los últimos 19 años.-El 94% del Presupuesto corresponde a gastos fijos, lo que deja un escaso margen de maniobra para otros gastos.-La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, admitió que el Conapam, encargado de velar por los adultos mayores, ha estado “abandonadillo” presupuestariamente
Adicionalmente, los ingresos tributarios muestran un menor dinamismo. En los primeros siete meses de este año, la tasa de crecimiento bajó a un 1,1%, después de que, hace dos años, la cifra fue de un 15,6%.
Daniel Ortiz, economista y director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), mencionó a La Nación factores que podrían estar incidiendo:
-El desgaste de la reforma fiscal.
-La caída en el tipo de cambio afecta las ganancias de las empresas.
-El menor rendimiento del sector productivo que está fuera de las zonas francas.
-La baja inflación.
Por último, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) parece estar acumulando una bomba que, tarde o temprano, podría explotar.
En los primeros ocho meses del 2024, el ICE produjo electricidad con combustibles como no lo había hecho en los últimos 14 años, un 103% más que en el 2023. Hasta julio, el uso de búnker y diésel había consumido ¢147.000 millones que aún no han sido cargados a las tarifas eléctricas. La administración posterga el problema para el próximo gobierno.
“Estamos acumulando una deuda que al final tendrán que pagar los consumidores irremediablemente. La generación térmica se ha visto agravada por la inestabilidad en la producción de la planta hidroeléctrica Reventazón”, señaló Carlos Montenegro Godínez, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, quien consideró que el país está pagando tarifas “ficticias”.
Nos contactamos el próximo fin de semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
