La situación del Estado de derecho en España es, de forma evidente, preocupante por la confrontación abierta del Gobierno con los jueces a cuenta de la ley de Amnistía y de la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, la sumisión de la Fiscalía General a los dictados de La Moncloa y la obediencia ciega de la Abogacía del Estado a los intereses políticos de Sánchez. En este contexto crítico, la renovación del CGPJ y la elección de Isabel Perelló como su presidenta constituyen, sin duda, una puerta a la normalización institucional de la Justicia. Bruselas no ha sido insensible a la inestabilidad de nuestro Estado de derecho y, por esta razón, aceptó mediar entre el Gobierno socialista y el PP para propiciar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Aun así, en el último dictamen de la Comisión de Justicia sobre el Estado de derecho en la UE se sigue insistiendo, como hace también el Consejo de Europa, en la despolitización del Ministerio Fiscal español. La Fundación Hay Derecho presentó ayer un informe, el segundo que elabora, que recoge los problemas que aquejan al Estado de derecho en España. El documento coincide con los diagnósticos de las instituciones europeas y añade un detallado análisis de las malas prácticas que merman la calidad de nuestro sistema democrático. Destacan el abuso de los decretos-ley por el Gobierno, como alternativa a la falta de mayorías en el Parlamento para tramitar proyectos legislativos con luz y taquígrafos. También subraya las tramitaciones «urgentes» de los procedimientos legislativos, lo que supone la restricción del debate parlamentario y de los derechos de participación de los grupos de la oposición; y la neutralización del Parlamento, privado de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 por negativa del Gobierno a presentarlos. Y señala, en el ámbito del Poder Judicial, la politización de su órgano de gobierno, las injerencias políticas en el ejercicio de la función jurisdiccional y la duración excesiva de los procesos. Capítulo especial merece a Hay Derecho la situación del Ministerio Fiscal, cuya autonomía «se está viendo cada vez más comprometida», según su informe, aunque la última reforma de su Estatuto Orgánico, pactada por PP y PSOE, es un avance en la despolitización del nombramiento del fiscal general. En general, las soluciones que propone la fundación autora del informe son constructivas y de sentido común, discutibles en el marco de un consenso político normalizado, pero difícilmente viables por el propósito declarado del Gobierno de colonizar las instituciones esenciales del Estado a largo plazo. El informe describe con dureza «la creciente irrelevancia de un Parlamento eclipsado por el Gobierno en su función principal que es la legislativa». Y otro tanto podría decirse de la hostilidad gubernamental hacia los jueces, los medios y los órganos de control previstos para evitar que el ejercicio abusivo del poder reduzca el Estado de derecho a poco más que el mero título de un documento. Sin embargo, la situación también admite una lectura más positiva y resistente, que es la que ofrecen unos jueces comprometidos con la ley, fiscales que exigen explicaciones a sus superiores ante órdenes injustas, magistrados que discrepan de sentencias complacientes con mejores argumentos que los de la mayoría y vocales del Poder Judicial que se saltan el guión de La Moncloa. Lo que sucede es algo que ya se sabía: España no tiene una crisis con su Estado de derecho. La tiene el Gobierno de Sánchez.
