La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, anunció anoche que se llevarán a cabo nuevas diligencias para intentar recuperar la información, después de que se conociera que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, entregó su teléfono formateado y con los archivos eliminados en la investigación en su contra por un controvertido chat que habría sostenido con el esposo de la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Según publica Ciper Chile, un informe pericial emitido el pasado 19 de agosto determinó que el celular que el fiscal Palma entregó al Ministerio Público fue “reseteado”, tras ser requerido en la indagatoria por un ofrecimiento que le habría hecho a Palma la pareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, en el último proceso de elección del fiscal nacional.
A mediados de junio, el mismo medio publicó un reportaje que reveló la existencia de una conversación entre Migueles y Palma, donde el primero le hacía un ofrecimiento al fiscal en medio de la última elección del jefe máximo de la fiscalía.
Palma era candidato a ese cargo y Migueles, a través de WhatsApp, le habló sobre la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y un doctorado. Entonces, Palma dijo a CIPER que “el señor Migueles estaba efectuándome una suerte de oferta, una vez que yo no fui designado candidato para la Fiscalía Nacional, oferta que yo nunca pedí ni a él ni a nadie”.
Migueles habría hecho el ofrecimiento a Palma de un doctorado y de la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cambio de que Palma le endosara su apoyo al candidato que ya había sido designado por La Moneda y que requería la ratificación del Senado: el fiscal José Morales.
Palma ya estaba fuera de carrera y el Presidente Boric había designado a Morales, pero este no logró los votos suficientes en el Senado. Finalmente, fue Ángel Valencia el que consiguió la luz verde de los senadores.
La conversación entre Migueles y Palma quedó estampada en un pantallazo de WhatsApp que Palma dijo haber enviado al abogado Luis Hermosilla: “Ante la sorpresa e incomodidad que me generó este mensaje, es que decidí enviárselo a Luis Hermosilla para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes por parte de personas que yo entendía que eran cercanas a él”.
Luego de la publicación de ese reportaje, el abogado de derechos humanos Fernando Leal presentó una querella y la fiscalía abrió una investigación, la que quedó en manos de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
El 24 de julio pasado, Carabineros incautó los celulares de Palma y de Migueles y le pidió a la Fiscalía Metropolitana Oriente que realizara un peritaje a los equipos.
Mientras la celular marca Xiaomi que entregó Migueles sí logró ser analizado, el Iphone 15 Pro Max de Palma no contenía ningún tipo de información.
El perito encargado de la revisión indicó en el informe que envió a la Fiscalía de Los Lagos que “al encender el equipo mediante la utilización de bolsa Faraday, se aprecia que su pantalla se encuentra activa, táctil operativo y se evidencia que mantiene configuración de fábrica (reseteado)”.
En ese mismo informe, el perito volvió sobre el punto, y dijo que el celular entregado por Palma “se encuentra con signos evidentes de haber sido reiniciado en modo fábrica, lo que se conoce comúnmente como reseteo”. Por esa misma razón, no pudo extraerse ningún dato del equipo.
“No se pudo llevar a cabo la extracción de evidencia digital forense, ya que el dispositivo se encuentra restablecido a sus ajustes de fábrica (reseteado o formateado), lo que imposibilita que el software extraiga algún tipo de dato”, concluye el informe firmado por un profesional analista de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
En todo caso, fuentes de la investigación revelaron a Ciper Chile que la fiscalía ya encargó un segundo peritaje para intentar rescatar antecedentes del Iphone de Palma.
La información que logró ser rescatada del celular de Migueles, quedó a disposición de la Fiscalía de Los Lagos en un pendrive.
La fiscalía regional, con sede en Puerto Montt, también está investigando a la ministra Ángela Vivanco por su participación en fallos de la Corte Suprema que favorecieron al consorcio Belaz-Movitec, los que implicaron un desembolso por parte de Codelco de más de $17,1 mil millones.
La ministra Vivanco le dijo en junio al citado medio que ella no sabía de las conversaciones que había sostenido su pareja, Gonzalo Migueles, con el fiscal Palma.
Este lunes fue suspendida de sus funciones en el máximo tribunal por sus pares, quienes además le abrieron un cuaderno de remoción luego de que se publicaran los chats que sostuvo entre 2018 y 2023 con el abogado Luis Hermosilla.
En la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Los Lagos por el ofrecimiento que le habría hecho Migueles a Palma, también entregó su declaración el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales.
