El exdictador Alberto Fujimori falleció este último miércoles 11 de septiembre a los 86 años debido a complicaciones del cáncer que padecía. De esta manera, también finalizan los procesos judiciales por los crímenes de corrupción y lesa humanidad que se mantenían en su contra.
El inicio de un proceso judicial en contra Fujimori en Perú fue posible gracias a su detención y posterior extradición desde Chile, de la cual intentó escapar sin éxito en noviembre de 2005.
Alberto Fujimori llegó a Chile en un vuelo privado desde Tokio el 6 de noviembre de 2005, acompañado por tres personas de su entorno cercano. El exmandatario, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, arribaba a Santiago con la esperanza de esquivar los procesos judiciales que se acumulaban en su contra por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Su plan inicial parecía haber funcionado al ingresar sin problemas al país y dirigirse a un lujoso hotel. Sin embargo, la presencia de una orden de captura internacional emitida por Interpol pronto desencadenó su arresto.
A su llegada, las autoridades del aeropuerto Arturo Merino Benítez no estaban al tanto de su identidad de inmediato. Fue solo tras algunas horas que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) estableció que Fujimori tenía una orden de arresto en su contra por crímenes relacionados con la violación de derechos humanos.
Fujimori se instaló en el Hotel Marriott de Santiago y pensó que podría iniciar desde allí una estrategia legal para prolongar su estancia y evitar ser enviado de vuelta a Perú. Sin embargo, las autoridades chilenas, en coordinación con el gobierno peruano, actuaron para evitar que el expresidente continuara con su plan de refugio. Ricardo Lagos, entonces presidente de Chile, y su canciller Ignacio Walker, tuvieron que lidiar con la presión diplomática de Perú, cuyo gobierno exigía la detención inmediata de Fujimori.
Tras ser detenido, Fujimori pasó dos años enfrentando un complejo proceso de extradición en Chile. Durante este tiempo, permaneció bajo arresto domiciliario en Santiago, mientras las autoridades peruanas trabajaban para asegurar su retorno. El gobierno de Alejandro Toledo, que había sucedido a Fujimori, jugó un papel crucial en este proceso al brindar pruebas y documentación que sustentaban las acusaciones contra el expresidente.
El principal reto para la extradición de Fujimori residía en los detalles del sistema judicial chileno, que debía evaluar si los crímenes por los que se le acusaba, entre ellos las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, eran equivalentes a delitos contemplados en la legislación chilena. Tras una serie de apelaciones y audiencias judiciales, en 2007, la Corte Suprema de Chile autorizó su extradición.
El caso de Alberto Fujimori no terminó con su extradición a Perú. A su llegada, el exmandatario fue sometido a juicio y condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas durante su mandato, fueron solo dos de los numerosos cargos que enfrentó. Además, se le acusó de otros crímenes graves como secuestro agravado y corrupción, muchos de ellos relacionados con su estrecha colaboración con Vladimiro Montesinos, su jefe de inteligencia.
En los años posteriores, la figura de Fujimori continuó siendo objeto de controversias. En 2017, se le otorgó un indulto humanitario, que fue revocado en 2018 y reinstaurado diciembre de 2023 por el Tribunal Constitucional. No obstante, ese mismo año, el gobierno chileno amplió su extradición para incluir nuevos cargos por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato.
