El Consejo Transparencia y Buen Gobierno ha instado a la corporación RTVE a remitir, en un plazo máximo de 10 días, la copia de todos los contratos suscritos entre la corporación pública y la empresa Sukun Comunicación S.L. , administrada de manera solidaria por Silvia Intxaurrondo y su pareja, Jhinaoui Farouk. Fue el abogado Guillermo Rocafort Pérez el que solicitó a RTVE (al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) copia de todos los contratos y facturas suscritos entre RTVE y la empresa Sukun , así como «aclaración» sobre la relación profesional entre RTVE y la periodista (…)» En una resolución del 18 de abril, RTVE adujo ante el que «los contratos suscritos contienen una c láusula de confidencialidad cuya duración se extiende hasta un año después de la finalización del contrato ». «Romper con esa cláusula –señalaba la corporación– [...] implica romper unilateralmente con una obligación contractualmente aceptada, que podría dar lugar a reclamaciones pudiendo generar un grave perjuicio económico a esta entidad, que debería hacer frente a este tipo de reclamaciones». Ante esta respuesta, Rocafort interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el pasado 18 de abril señalando que «no puede haber espacios ocultos a la Ley de Transparencia en una empresa pública en sus contratos con una presentadora como Silvia Intxaurrondo por medio de una sociedad interpuesta de la que es administradora y propietaria». En mayo, la corporación respondió citando su primera respuesta: «Hay que tener en cuenta que los contratos suscritos contienen una cláusula de confidencialidad cuya duración se extiende hasta un año después de la finalización del contrato. Ello no obsta para que transcurrido el citado plazo CRTVE pueda facilitar la copia requerida». Tras este proceso de idas y venidas, el Consejo Transparencia y Buen Gobierno ha presentado la resolución en la que pone fin a la vía administrativa instando a RTVE a remitir una copia con todos los contratos suscritos entre la corporación pública y la empresa Sukun Comunicación. Ahora mismo, cualquiera de las partes afectadas puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses en la Audiencia Nacional.
