Un día después de que el líder de los populares se desplazase hasta Canarias para pactar un documento sobre inmigración, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado rotundo ante el Ejecutivo por criticar la rúbrica de una hoja de ruta para buscar una solución a la crisis migratoria. En este sentido, ha destacado que el documento "no ataca a nadie" ni "va contra nadie" sino que busca "el diálogo y el entendimiento".
Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que este documento tiene "voluntad de acuerdo" y vincula a 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que gobierna el PP, por lo que a su juicio garantiza que el mecanismo de distribución de los menores migrantes va a contar con el apoyo de la mayoría de las autonomías. Hay que recordar, que muchas de las comunidades que están acogiendo a menores migrantes están gobernadas por el PP como por ejemplo Madrid o Galicia.
El presidente autonómico ha admitido que le han extrañado los ataques a este documento, que establece nueve puntos, entre ellos los criterios para las derivaciones de los menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias y Ceuta y la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En este sentido, la propuesta del Gobierno de Canarias y del PP establece que las comunidades se harán cargo de la financiación y gestión hasta el 100% de su capacidad de acogida de menores, mientras que cuando se sobrepase esa capacidad y hasta un 150% la gestión será de las comunidades pero la financiación del exceso corresponderá al Estado.Una vez superado el 150% de esa capacidad de acogida, la gestión de los menores y la financiación la asumirá el Estado. Con esta propuesta que fija claramente los costes de la acogida, el PP pone sobre la mesa una solución económica a la acogida, que fue uno de los puntos por los que se negó a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería a comienzos de este verano.
Clavijo, que gobierna la comunidad canaria con el apoyo del PP, ha dado un golpe sobre la mesa y ha destacado que este documento "no solo se firma con el principal partido político de España, el mayoritario en el Congreso de los Diputados, el que tiene mayor autoridad en el Senado", sino que se vinculan a 14 comunidades autónomas gobernadas o cogobernadas por el PP.
Las cinco comunidades restantes que faltan están cogobernadas o gobernadas por el PSOE (Castilla-La Mancha, Asturias, Cataluña, Navarra y Páis Vasco), ha recordado Clavijo, quien cree que si se logra consensuar una respuesta migratoria se desbloquearía de manera inmediata la derivación y ubicación de los menores y así garantizar su reinserción y escolarización.También se sentarían las bases de "un gran pacto migratorio" con el fin de dar solución a "un problema estructural que va a durar mucho tiempo", ha agregado. De hecho, una reciente encuesta publicada por NC Report para LA RAZÓN señalaba, precisamenten la mayoría de los participantes en este estudio demoscópico (79,5%), independientemente de su elección política, considera que las fuerzas parlamentarias deberían lograr un pacto de Estado en inmigración. Así lo piensa el 90,4% de los votantes del PP, el 81,4% de los del PSOE, el 78,4% de los de Vox y los 64% de los de Sumar.
Según Clavijo, el Gobierno de Canarias ha hecho lo que no hizo el de España, que es hablar con el PP y conseguir el apoyo a la modificación del artículo 35, incluyendo una ficha financiera. Con este acuerdo ya se puede contar con los de los diputados del PP en el Congreso para convalidar un decreto ley avalado por 14 comunidades autónomas, precisó el líder canario.
Preguntado por qué el PP bloqueó abrir el debate en el Congreso sobre la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la acogida de menores migrantes en las comunidades ha señalado que "el problema" fue que el Gobierno español no negoció su propuesta con el PP ni con Junts.
