La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular parcialmente las penas de inhabilitación y cárcel a las que fueron condenados antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, sentenciados por el denominado procedimiento específico de ayudas , ha dejado un resquicio legal a otros investigados en distintas piezas de la macrocausa penal de los ERE para librarse de juicios y condenas. Y han empezado a jugar esta baza judicial que les ha proporcionado el órgano de garantías presidido por Cándido Conde-Pumpido tras dar amparo en parte a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán , entre otros condenados por delitos de prevaricación y/o malversación. El abogado que representa a uno de los empresarios procesados por la trama...
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