La mayoría del Congreso, como estaba previsto, ha pedido al Gobierno que proceda a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio y, en consecuencia, su condición de presidente electo de Venezuela, que debería asumir su cargo el próximo 10 de enero.
La votación de la Cámara dejó el resultado de 177 votos a favor frente a 164 en contra y una abstención. De esta forma, el Gobierno estrena el nuevo periodo de sesiones con un varapalo de la Cámara en política exterior, y en agenda ya tiene anunciados otros debates incómodos, como la forzada comparecencia del presidente Pedro Sánchez para hablar de inmigración.
En el caso de Venezuela, el Gobierno desoirá el mandato del Congreso porque su decisión es buscar resguardo en la posición que todavía hoy mantiene la Unión Europea, en lugar de situarse al frente de ella para liderarla.
En cualquier caso, el problema parlamentario del PSOE amenaza con crecer. Y ayer mismo Junts ya dijo que el pacto PSC-ERC «no es un concierto económico» y que volverán a tumbar la senda del déficit. La exigencia de los de Carles Puigdemont es que Cataluña mande sobre todos los ingresos y sobre todos los gastos de su territorio.
Esto tiene una respuesta en el Gobierno que no deja de ser llamativa. Explican que, si se les tumba la senda de déficit, utilizarán la que ya está en vigor para presentar el nuevo proyecto presupuestario. Habrá texto, sí o sí, y, de hecho, ya lo están hablando con sus socios, con el PNV, pero también con Junts, que, por un lado, mantiene las espadas en alto, y, por otro, acepta escuchar las propuestas que les hacen llegar desde el Gobierno.
La clave está en la posición de poder que Moncloa cree que tiene con el control del Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. El Constitucional se va a tomar con calma el análisis de los recursos que han llegado contra la amnistía. El tribunal ha aceptado por unanimidad la abstención del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, después de haber dicho como ministro de Sánchez que la ley era «claramente inconstitucional» en los informes de los indultos. Y también ha admitido ya a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo contra la ley. Pero ahora se abre un largo proceso, que al Gobierno le interesa que se alargue todo lo posible porque creen que, mientras Puigdemont no tenga asegurada la amnistía, «no acabará de salirse del redil». Puede amenazar, puede dificultar la acción parlamentaria, pero sin llegar a dar el golpe de muerte definitivo al Gobierno de Sánchez porque necesita que el TC, con mayoría progresista, actúe conforme a lo pactado y acabe dando luz verde a la ley del perdón para los independentistas por los delitos del «procés».
Así que el proceso en el TC avanzará lento –algunas fuentes hablan de que puede alargarse hasta por lo menos un año–, y se complicará con la guerra de recusaciones que plantearán los dos sectores, el progresista y el conservador. Los números darían cinco votos al sector identificado con la derecha y seis al de la izquierda. De momento, el TC lo que ha hecho es dar trámite al primer asunto relativo a la Ley de Amnistía y que es el recurso de inconstitucionalidad que le trasladó el Supremo el pasado mes de julio por considerar que al artículo 1 de la medida de gracia vulnera el derecho constitucional de igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jursidiccional.
La respuesta a este recurso, según fuentes del Alto Tribunal, tardará entre seis meses y un año, y la decisión marcará el camino del resto de cuestiones y recursos de inconstitucionalidad, aunque no se puede aplicar automáticamente a todos ellos.
En el Gobierno dan por descontado que, mientras Puigdemont siga pendiente de la decisión del Constitucional, está atado, al mismo tiempo, a Sánchez, por lo que todas sus amenazas son «fuego de artificio», ya que su futuro está en manos del presidente del Gobierno. La confirmación de la amnistía sí le dejaría libre para cambiar de dirección y apostar por un Ejecutivo de Feijóo.
Gráficamente, hay quien dice en el entorno del Gobierno que a Puigdemont le tienen «cogido por los bajos» y que debajo de tanta proclama no hay más que un deseo de hacerse notar que está condenado a quedarse en disparos de fogueo. Evidentemente, las derrotas parlamentarias acumuladas son un elemento muy grande de desgaste del Gobierno, pero si se trata de jugar a distraer la atención y ganar tiempo, el equipo de Sánchez ha demostrado una maestría insuperable.
Ahora están pensando en presentar un proyecto de Presupuestos tan generoso con Cataluña que ponga muy difícil a Junts justificar su «no». Si Puigdemont quisiera, los PGE podrían no llegar a tramitarse en tanto que salieran adelante las enmiendas de devolución.
Otra relevante cuestión que está en el aire es cómo se concretan los cambios fiscales con los que se ha comprometido el Gobierno. Hacienda lleva mucho tiempo trabajando en ver cómo convierte los gravámenes a la banca, a las energéticas y a los grandes patrimonios en impuestos permanentes. Esto exige una tramitación como proposición de ley, y abrir un proceso en el Congreso en el que pueden encontrarse con mayorías alternativas que cambien el sentido de sus intenciones.
Asimimo, está por ver de qué forma materializan su anuncio de nuevas subidas fiscales, y si optan por la vía de embarrarlo todo con leyes ómnibus o colando esos cambios fiscales en iniciativas legislativas inverosímiles.
