Más de 215.000 adultos mayores no reciben ningún tipo de pensión, lo que los deja en un estado de vulnerabilidad al no tener posibilidad de hacer frente a la atención de sus necesidades básicas.
Este es uno de los resultados del IV Informe sobre Personas Adultas Mayores, titulado Pensión Contributiva Básica y sus Desafíos, una investigación de la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD), ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según este documento, de los 546.225 individuos mayores de 65 años, solo el 44% está cubierto por un régimen de pensión contributiva básica, y el 17% depende de la pensión del Régimen No Contributivo (RNC) que ofrece ¢82.000 mensuales, una cifra que hace difícil la manutención de las necesidades básicas.
Sin embargo, lo más preocupante para los autores son las 215.528 personas mayores que no están cubiertas por ningún tipo de pensión. Ellos representan el 39% de los adultos mayores en Costa Rica, cuya situación podría incidir desfavorablemente en su calidad de vida.
Estas personas dependen normalmente de familiares, de redes de apoyo o de la asistencia social,aunque no todas tienen acceso a esas ayudas o estas son insuficientes, por lo que hay quienes se ven obligados a trabajar para subsistir.
Otro problema es el hecho de que la falta de cotizaciones en los regímenes de pensión disminuye los ingresos necesarios para cubrir a más jubilados, lo que abre las puertas al deterioro de la sostenibilidad de los sistemas.
Carecer de una pensión digna no se limita a la calidad de vida de los adultos mayores, sino que afecta a toda la sociedad. Si las personas mayores no tienen una red económica que les dé seguridad se incrementará la carga sobre los sistemas de salud y los servicios sociales.
“El envejecimiento poblacional está asociado a mayor prevalencia de enfermedades y por lo tanto, a una mayor demanda de los servicios de salud. En muchos casos, esa demanda se da por tiempos prolongados que se extienden desde el inicio de la enfermedad, la discapacidad y la muerte. Esto nos invita a pensar en una nueva configuración de los servicios sociales y de salud”, afirmó Emiliana Rivera Meza, investigadora del Observatorio.
Las mujeres sufren todavía más este flagelo, en parte, porque nunca se pensó en cotizaciones para las amas de casa. Además, ellas enfrentan mayores tasas de pobreza porque es más común que en sus vidas laborales tuvieron trabajos informales, ingresos más bajos y responsabilidades de cuidado no remunerado.
Como resultado, las mujeres tienen menos cotizaciones, poca cobertura y montos más bajos.
“Además, las mujeres están expuestas a enfermedades asociadas a su rol reproductivo y de cuidadora de la unidad familiar. Así, la feminización del proceso de envejecimiento y la ausencia de una perspectiva de género, profundizan las desigualdades de las mujeres respecto de los hombres y restringe su acceso a los sistemas de jubilación”, puntualizó Rivera.
Para Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina, el Estado y los gobiernos a lo largo de la historia son los responsables de que no todos los adultos mayores pueden acceder a una pensión.
“El argumento es que el Estado no tiene recursos. La pensión es un derecho, lo que pasa es que hay mucha gente en la informalidad y no hay un plan social que analice esa situación. Por eso se requiere de un pacto social que involucre a todos los afectados. Se requiere de un compromiso social de parte de las autoridades de turno. Es una decisión del gobierno conseguir los fondos”, declaró Morales.
Para Carlos Murillo Zamora, director del Observatorio del Desarrollo, la pensión es un derecho humano y el Estado debe atenderlo como tal.
Por ejemplo, dijo, las amas de casa que no cotizaron, si no tienen una pensión voluntaria, llegarán a ser adultas mayores sin acceso a una pensión. Esto sucede también con los trabajadores informales.
Las personas que no tienen pensión, aseveró, son consecuencia de muchas décadas en las que no se hicieron suficientes esfuerzos para que se formalizaran e incorporaran a uno de los sistemas de pensión.
De acuerdo con el informe, son varias las razones por las cuales la situación de las pensiones podría empeorar.
La primera está relacionada con el envejecimiento de la población y la baja natalidad. Para el 2040, se proyecta que el número de personas mayores de 65 años sea el triple y supere el millón de habitantes. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) proyecta que Costa Rica tendrá 1.262.311 mayores de 65 años, lo que equivale al 20,7 % de habitantes.
Esto conduce a que haya más personas en edad de pensionarse, a lo que se debe añadir una población cada vez más longeva, lo que trae periodos de pensión cada vez más extensos.
La ultrabaja natalidad de Costa Rica también entra en la ecuación, ya que menos personas cotizarán al sistema de pensiones en el futuro. Desde la década de 1960, la población menor de 15 años ha disminuido del 47,6% al 20,8%, se detalla en el estudio.
Otro agravante es que hay muchos trabajadores que actualmente no cotizan para ningún régimen. El informe recalca que más de 425.000 trabajadores -el 19 %- no cotizan para alguno de los regímenes obligatorios.
A esto se le debe sumar el empleo informal u ocasional, el cual se ubicó en un 37,3 % de la población ocupada del país. En otras palabras, más de 777.000 personas laboran en la informalidad y no aportan al sistema de pensiones.
“La falta de cotización agrava las desigualdades económicas y genera una mayor carga para los sistemas públicos”, cita el reporte.
Para los investigadores, el eje prioritario que debe abordar el país en la actualidad es generar estrategias que permitan incluir a quienes no han cotizado durante su vida laboral, ya sea por trabajar en la informalidad o por no cumplir con los requisitos actuales.
