La polémica reforma del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados, inició este martes su trámite final en el Senado en medio de protestas, tensiones con Estados Unidos y nerviosismo económico.
La sesión comenzó con un duro cruce de acusaciones dentro del partido opositor PAN, pues uno de sus senadores, Miguel Ángel Yunes, se ausentó por razones de salud y fue sustituido por su padre, alimentando sospechas de que el oficialismo de izquierda podría lograr así el voto que le faltaría para aprobar la reforma constitucional.
"¡Traidor! ¡Poco hombre!", gritaron desde la bancada del conservador PAN a Miguel Ángel Yunes padre, también político, quien no adelantó el sentido de su voto, si bien estuvo acompañado de dirigentes oficialistas.
"Cobarde y traidor eres tú!", respondió Yunes al presidente del PAN, Marko Cortés.
Se espera que el proyecto sea votado entre este martes y el miércoles.
Con banderas de México y pancartas, cientos de trabajadores del poder judicial en huelga se concentraron en los alrededores del Senado para rechazar la iniciativa, que fue aprobada la semana pasada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados que sesionó en un polideportivo, pues su sede fue bloqueada.
López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, asegura que la elección de jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, es urgente porque el poder judicial está "podrido de corrupción".
"Lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados (...), de la delincuencia de cuello blanco", expresó este martes el mandatario, cuya popularidad ronda 70%.
En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de "demolición del poder judicial", lo que fue rechazado por el presidente, que mantiene un duro enfrentamiento con ese tribunal tras bloquearle reformas clave en los sectores energético y de seguridad.
La oposición, Estados Unidos, expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch aseguran que el voto directo socavará la independencia judicial y dejará a los jueces a expensas del narcotráfico.
La enmienda colocaría a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", señaló Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
Al oficialismo le faltaría un voto para completar los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado sostiene que 85 serían suficientes.
Con un pasado de deserciones y escándalos, el opositor PRI concentró a sus senadores en un hotel tras denunciar amenazas del crimen organizado.
"Al güey que vote en contra (de lo acordado por la oposición, que) lo linchen al pendejo", instó a su vez la senadora del conservador PAN, María de Jesús Díaz.
Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han dicho que votarán contra la iniciativa, al tiempo que denuncian presiones desde el oficialismo.
"Daremos la batalla hasta el final para evitar este atropello", escribió en X la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.
Estados Unidos y Canadá advierten de un daño al acuerdo de libre comercio T-MEC en caso de litigios, en momentos en que México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.
López Obrador, quien rechaza esas expresiones como "injerencistas", insiste en que el voto acercará la justicia a la gente en este país donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90%, según oenegés.
La presidenta de la corte presentó el domingo dos propuestas de reforma elaboradas por el poder judicial que plantean mayor presupuesto para los tribunales locales, así como la formación y certificación de fiscalías y policías de investigación.
López Obrador instó la semana pasada a la corte a no bloquear la reforma, luego de que la ministra Piña resolviera consultar con sus colegas si ese tribunal es competente para frenar la iniciativa, como pidieron funcionarios judiciales mediante un recurso legal.
Expertos señalan que las preocupaciones de inversionistas sobre la reforma han contribuido a una caída en la cotización del peso frente al dólar, aunque López Obrador lo atribuye a "factores externos".
