La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua ha oficializado el destierro de los 135 presos políticos y opositores que fueron trasladados a Guatemala tras una negociación capitaneada por Estados Unidos y también ha declarado apátridas a los exiliados. En un comunicado, la Corte ha comunicado «la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas», y ha hecho énfasis en que los ahora apátridas fueron « condenados por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la Paz, Seguridad y el Orden Constitucional». La resolución también dispone el decomiso de todos los bienes de los 135 nicaragüenses. Esto, según la corte «a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos ocasionaron a la Población y al País; con lo cual, se hace Justicia Efectiva, a las víctimas de estos delitos». Los 135 liberados —115 hombres y 20 mujeres— se han sumado ahora al primer grupo de 222 reos y al de 94 personas de diferentes sectores de la sociedad, que en febrero de 2023 también fueron despojados de sus bienes y de su nacionalidad. Ahora bien, los exiliados tienen la oportunidad de acogerse a las vías legales para solicitar su instalación en cualquier país. Diez de ellos ya han iniciado el proceso para su instalación en Guatemala. Se prevé que la mayoría de ellos pida asilo en Estados Unidos, España ó México . Los perfiles de los exiliados permanecen bajo resguardo de las autoridades. De hecho, ni Estados Unidos, ni Guatemala, ni Nicaragua han divulgado la lista de desterrados. Nicaragüenses en el exilio y que también han sido declarados «apátridas» por el régimen, han celebrado la liberación de los 135 presos pero han condenado la declaratoria de la Corte. Por ejemplo, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) —un grupo de oposición conformado por empresarios, activistas y líderes estudiantiles en el exilio— que ha publicado un comunicado condenado la acción de la Corte. «Con esta acción arbitraria de despojo de la nacionalidad, se afecta el gozo efectivo de los derechos humanos y se deja más vulnerables a los nicaragüenses» De acuerdo con expertos en derecho nicaragüense, el régimen de Ortega, en su estrategia de persecución política contra las voces disidentes, «nuevamente violó los artículos 8 y 9 de la Convención para Reducir la Apatridia de 1961». Además, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado que la privación arbitraria de la nacionalidad menoscaba el pleno disfrute de todos los derechos humanos y la libertad fundamental de un individuo. El pasado 5 de septiembre, Guatemala recibió a 135 nicaragüenses que guardaban prisión bajo el régimen de Ortega. Esa fue la tercera liberación masiva de presos políticos. En febrero de 2023, 222 presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos. Entre ellos, había líderes estudiantiles, opositores políticos y empresarios. La segunda excarcelación «en masa» fue mucho menor, pero acaparó la atención por los perfiles que fueron liberados, como el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y otros 18 religiosos. Ocurrió en enero de 2024. El destino de los excarcelados no fue Estados Unidos, sino el Vaticano y la negociación fue llevada a cabo por la Iglesia católica en Roma.
