El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un fuerte llamado al Gobierno venezolano para que ponga fin a la represión contra los opositores y manifestantes que protestan contra el régimen de Nicolás Maduro. Esta petición incluye la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, muchas de ellas figuras políticas, periodistas y ciudadanos que expresan su descontento de manera pacífica.
La canciller de Argentina, Diana Mondino, destacó la gravedad de la situación durante una visita a Suiza y Austria, subrayando que "la persecución judicial y el uso desproporcionado de la fuerza" han intensificado el conflicto en Venezuela, lo que preocupa a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En su pronunciamiento, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a que se libere de forma inmediata a todas las personas que han sido detenidas de manera arbitraria en Venezuela. El organismo internacional también exigió que se respeten las normas internacionales sobre el debido proceso y se mejore la situación en los centros de detención del país.
Diana Mondino, en nombre de varios Estados miembros, denunció que la represión del Gobierno venezolano no solo afecta a los adultos, sino que también involucra la detención de menores, lo cual agrava aún más la situación. "Hemos sido testigos de acciones que se dirigen a la persecución de niños, niñas y adolescentes", afirmó Mondino en su declaración.
Según la organización no gubernamental Foro Penal, más de 1.650 personas han sido detenidas en Venezuela desde el 29 de julio, muchas de ellas durante las protestas contra el resultado electoral que dio la victoria a Nicolás Maduro. Entre los detenidos se encuentran 59 menores de entre 14 y 17 años, quienes aún permanecen privados de libertad en el país.
La ONU exige que el Gobierno venezolano reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para que la Misión Internacional independiente pueda regresar y cumplir con su mandato en Venezuela, en pro de la protección de los derechos humanos.
El régimen de Nicolás Maduro ha defendido las detenciones y el uso de la fuerza en las protestas, alegando que los manifestantes estaban involucrados en actos vandálicos y en un intento de golpe de Estado con apoyo extranjero. Sin embargo, no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones, lo que ha generado críticas por parte de la comunidad internacional.
Mondino, en representación de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condenó las acciones del Gobierno venezolano, señalando que "bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica".
La situación en Venezuela ha empeorado significativamente en los últimos meses, especialmente con la persecución de figuras políticas opositoras. Un ejemplo de ello es el caso del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, quien debió huir de Venezuela y pedir asilo en España ante las presiones judiciales del régimen de Maduro.
Diana Mondino resaltó que "la situación de derechos humanos ha empeorado a un ritmo alarmante" y urgió a la comunidad internacional a continuar ejerciendo presión sobre el régimen de Maduro para que cumpla con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
