Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada ya anteriormente y que la ONU rechaza.
La medida fue anunciada este martes por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión contra sus críticos desde las protestas de 2018, según la ONU.
Un tribunal de Managua ordenó la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense" y "dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados", según un comunicado.
Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales.
"Ortega y Murillo desnacionaliza y roba bienes a los 135 excarcelados políticos", publicó el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro, exiliado en Estados Unidos, en la red social X.
La propia ONU denunció este martes una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlado por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a "proteger".
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
"Esas reformas podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión aún más a personas nicaragüenses, incluso en el exilio, y a extranjeras, por el legítimo ejercicio de sus derechos", aseguró.
La ley para juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno de Ortega ha sido denunciada por los exiliados como una "herramienta de represión transnacional".
Contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por "delitos contra la administración pública", "ciberdelitos" o "delitos contra el Estado o instituciones", entre otros.
El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados.
Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, un enviado estadounidense pidió a Ortega que no despojara de la nacionalidad nicaragüense a estas personas, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.
Una de estos últimos es la escritora nicaragüense Gioconda Belli, exiliada desde 2023 en España, quien, ante el Consejo de Derechos Humanos, reclamó el "cese del acoso contra las voces críticas" por el gobierno de Ortega.
También fue despojado de su nacionalidad el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-90) y es hoy un crítico de Ortega.
En su informe anual sobre la situación en Nicaragua, el Alto Comisionado advirtió la semana pasada del "grave" deterioro de la situación de los derechos humanos bajo el gobierno de Ortega y Murillo.
El informe documentó detenciones arbitrarias a opositores, torturas, malos tratos en detención, aumento de la violencia contra comunidades indígenas, ataques a la libertad religiosa y otros abusos.
En una intervención por vídeo, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, denunció las "injusticias, parcialidades e ilegalidades" del documento, realizado, a su juicio, "con una agenda definida".
Estos instrumentos, usados por los "imperialistas" para intervenir en los asuntos internos, "violan el principio de no intervención", estimó Morales, a quien Washington sancionó en marzo "por ser cómplice de la opresión".
A junio de 2023, 271.740 nicaragüenses figuraban como solicitantes de asilo en el mundo y 18.545 obtuvieron el estatuto de refugiado, indicó en otro informe en febrero el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
