El magistrado José María Macías, futuro ponente de una de las sentencias del tribunal sobre la amnistía, se ha pronunciado en decenas de ocasiones contra de la ley y lideró la ofensiva del sector conservador del Consejo del Poder Judicial contra la norma
El PP registra en el Constitucional su recurso contra la ley de amnistía
La ley de amnistía ya está en manos del Constitucional. Varios recursos e impugnaciones han llegado al tribunal de garantías contra la ley de perdón que ya se ha aplicado a varias decenas de policías, manifestantes y políticos por delitos relacionados con el procés. La semana que viene el pleno decidirá si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo, pero el siguiente en ser estudiado será el recurso que ha presentado el Partido Popular. El magistrado encargado de analizar el recurso del partido de Alberto Núñez Feijóo es José María Macías, la última incorporación al tribunal a propuesta del PP que en su etapa como vocal del Consejo del Poder Judicial se opuso abiertamente a la ley.
Macías ha tomado posesión este viernes de su puesto como magistrado del Constitucional. Un acto marcado por el discurso del presidente del organismo, Cándido Conde-Pumpido, que además de ensalzar la independencia de sus magistrados, ha exigido respeto tanto político como institucional para el tribunal. “Querido magistrado Macías, nuestro trabajo puede ser, en ocasiones, intenso y desafiante”, ha advertido directamente al nuevo integrante del pleno. La semana que viene tendrá el primer ejemplo: será el ponente de la sentencia que salga del recurso del PP contra la ley de amnistía.
No es el único recurso que se ha presentado en las últimas semanas. El martes que viene, con ponencia del conservador Ricardo Enríquez, el pleno decidirá si admite a trámite o no la cuestión de inconstitucionalidad que presentó la Sala de lo Penal del Supremo. Otro recurso, el presentado por el Gobierno de Aragón, también en manos del PP, ha sido asignado a la magistrada progresista Laura Díez. Y a la espera de que el resto de gobiernos regionales controlados por el PP presenten los suyos, la impugnación del partido de Alberto Núñez Feijóo ha sido puesta en manos del recién llegado José María Macías.
En el tribunal nadie duda de que todas estas impugnaciones pasarán sin problemas el primer filtro de la admisión a trámite. Diversas fuentes también explican que los debates sobre el fondo del asunto no arrancaran hasta, como muy pronto, dentro de más de medio año. Y añaden que cada recurso obtendrá su propia respuesta al no presentar alegaciones idénticas pero que la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, que ataca el núcleo de la ley de amnistía, marcará el paso del resto de recursos.
José María Macías ejerció como juez en Cataluña en la década de los noventa, fue director general de Servicios Contenciosos de la Generalitat durante el último año de Jordi Pujol como presidente y poco después pidió una excedencia de la judicatura para ejercer como abogado en Cuatrecasas, uno de los bufetes más grandes del país. Entró en el Consejo General del Poder Judicial como vocal en 2015 para sustituir a Mercè Pigem, sorprendida en su momento sacando miles de euros en efectivo de Andorra y que dimitió por este caso.
Los primeros años de Macías en el órgano de gobierno de los jueces y su comisión permanente no generaron mucho ruido, llegando a compaginar su trabajo con la abogacía, pero su papel como líder del sector conservador llegó en los últimos años de mandato: con el organismo caducado y sin poder hacer nombramientos, Macías se puso al frente de un grupo de vocales que trasladó al consejo la oposición que la derecha hacía en el Parlamento, la calle y los medios. Se opuso activamente a varias reformas, bloqueó durante meses la renovación parcial del Constitucional y, finalmente, emprendió una campaña contra la ley de amnistía.
La opinión de José María Macías sobre la norma no es ningún secreto y no hay que recurrir a informes oficiales para encontrarla. “Algo insólito en la democracia española”, dijo en una entrevista. “No busca el interés general, sino el de Sánchez”, afirmó en otra. El pasado mes de marzo llegó a deslizar la posibilidad de reformar la ley para que la tramitación de la amnistía tenga consecuencias penales para sus responsables. También ha cuestionado que la vía más efectiva para analizar la amnistía sea, precisamente, la que ahora tiene que ejercer él como ponente del recurso del PP contra la amnistía.
En el último año, el Constitucional ha tenido una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, número que asciende a cinco con la llegada de Macías. La división entre bloques será aún menor en los debates sobre la amnistía después de que Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, haya decidido apartarse de los recursos relacionados con la norma de perdón. Y eso ha reabierto el debate de las abstenciones y recusaciones en casos como éste.
El caso de Macías está encima de la mesa aunque no está claro cómo podría llegar a materializarse el debate: estudiará el recurso del PP –que por ahora no se ha quejado de tener un ponente claramente alineado con su posición sobre la amnistía– e intervendrán en el pleito la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Pero hay diversidad de criterios en un Constitucional profundamente dividido, esta vez sobre si las opiniones de Macías le impiden participar en el debate sobre la amnistía.
El antecedente que citan unos y otros en el tribunal de garantías es el de los autos que, a finales de 2021, rechazaron que los conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel tuvieran que apartarse de las deliberaciones sobre el procés, por sus opiniones o por haber sido propuestos por el PP para acceder al cargo. El pleno decidió entonces, por unanimidad de progresistas y conservadores, que la opinión previa de un magistrado sobre un asunto no le inhabilita para tomar una decisión en una sentencia: “No es poco común ni puede extrañar que, antes de integrarse en el colegio de magistrados, sus miembros se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas”.
Algo similar sucedió el año pasado, cuando el pleno del Constitucional rechazó que Espejel tuviera que apartarse de las deliberaciones de la ley del aborto por haber informado en su contra cuando era vocal del CGPJ. “No les inhabilita para ejercer su función en este tipo de procesos constitucionales”, dijo también en ese caso.
Las calculadoras funcionan desde hace días en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Con la abstención voluntaria de Campo, el sector progresista del pleno se queda con seis integrantes frente a cinco conservadores y con algunas voces recordando que, hace ahora tres años, el presidente Cándido Conde-Pumpido se apartó de las deliberaciones sobre los recursos relacionados con la causa del procés tras ser recusado por Carles Puigdemont.
Macías entró como sustituto en el Consejo del Poder Judicial para un mandato teórico de tres años, que se alargó hasta hace pocos meses gracias al bloqueo del PP, y ahora accede al Constitucional también como sustituto, esta vez para un mandato de menos de dos años. Ha sido designado en sustitución de Alfredo Montoya, que dejó el tribunal en 2022 por motivos de salud, y Macías solo puede cubrir el resto del mandato que le quedaba a su predecesor, que tomó posesión en marzo de 2017. Esto implica que el nuevo integrante del sector conservador solo podrá ejercer como magistrado del tribunal de garantías hasta marzo de 2026. Un periodo para el que ya se le ha asignado una misión que difícilmente será desbancada del primer puesto del ránking la importancia: sentenciar la ley de amnistía a través del recurso del principal partido de la oposición.
