Diariamente, los peruanos nos enfrentamos a la amenaza de grupos organizados que operan con una violencia sistemática, dedicándose a delitos como la extorsión, el fraude, el lavado de dinero y la trata de personas, entre otros. Este crimen organizado no solo pone en peligro el orden constitucional, sino que, al ganar terreno en el ámbito político, está socavando las bases mismas de nuestro Estado de derecho.
El objetivo del crimen organizado es claro: destruir el orden legal, incrementar su poder y generar miedo para lograr sus fines ilícitos. Cuando nos enfrentamos a armas de guerra, como granadas y ametralladoras, utilizadas por organizaciones jerárquicas, el desafío trasciende la seguridad ciudadana y se convierte en una cuestión de seguridad nacional.
Esta situación debe llevar a una revisión constitucional que permita la intervención de las fuerzas armadas en estos casos extremos. No se trata de reemplazar a la policía ni de recurrir a estados de emergencia ineficaces, sino de enfrentar el crimen organizado de manera focalizada, utilizando inteligencia militar y un armamento acorde al que poseen estos grupos.
La reciente propuesta del cuestionado ministro del Interior de retirar a policías que cumplen funciones administrativas en las comisarías refleja una falta de liderazgo y estrategia. Continuar con este enfoque sin cambios no llevará a resultados distintos. Por eso, urge una reforma constitucional que otorgue a las fuerzas armadas la competencia permanente para enfrentar el crimen organizado.
Esto implicaría permitir, sin necesidad de declarar estados de emergencia, operaciones conjuntas con la policía, el control de fronteras y operativos específicos contra el crimen organizado. Utilizar la inteligencia militar para capturar en flagrancia a los miembros de estas bandas debería ser una prioridad gubernamental, permitiendo abordar el problema desde sus raíces.
En conclusión, la intención no es otorgar carta blanca a las fuerzas militares ni duplicar las funciones policiales, sino adaptar la Constitución a la realidad actual en la que el crimen organizado representa una amenaza comparable a la de un conflicto armado. Por tanto, la magnitud y complejidad de esta problemática exige una reforma constitucional y que las fuerzas armadas tomen cartas en el asunto.
