La participación del PSdeG ayer en el Comité Federal de Ferraz manifestó de nuevo el discurso defendido en los últimos meses por los socialistas gallegos. A pesar de que Galicia es una de las comunidades más beneficiadas por el régimen común respecto al dinero que ingresa y percibe del Estado y, por lo tanto, de las potencialmente más perjudicadas ante la posible salida de Cataluña de dicho régimen, la posición es clara: arropar a Pedro Sánchez y defender su acuerdo con ERC . «Recordamos cuando Feijóo decía que íbamos a entregar Cataluña a Puigdemont. Hoy la realidad nos da la razón: logramos formar un gobierno que trabaja por el interés de todos los ciudadanos de España, manteniendo la unidad del país y afrontando los desafíos con responsabilidad y diálogo», afirmó el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro , ante la cúpula socialista en Madrid. Un discurso que contrasta con el de otros líderes autonómicos cuyos territorios, como Galicia, dependen del mecanismo de financiación que en la actualidad mantiene las aportaciones de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares para asumir sus políticas públicas. Es el caso de Castilla y León, Aragón o Asturias, también gobernadas por el PSOE y que perciben menos que la comunidad gallega, según los últimos datos de liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. De no ser por estas aportaciones, Galicia tendría un desajuste de 2.987 millones de euros . En su caso, Besteiro optó por poner en valor la necesidad de un «modelo de financiación singular» para Galicia de acuerdo a una « justicia territorial », una reivindicación «fundamental» para los socialistas gallegos a la hora de abordar los « desafíos específicos » que enfrenta Galicia, «como el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica» que, en palabras de Besteiro, afectan «directamente a la gestión de servicios públicos y que exigen de un tratamiento diferencial en la repartición de los recursos del Estado». Unos aspectos, el del envejecimiento o la dispersión geográficos, que ya están contemplados en la ley 22/2009 del 18 de diciembre por la que se rige el régimen común del sistema de financiación autonómica. Por lo tanto, esta «financiación singular» 'a la gallega' poco tiene que ver con la que plantean los partidos independentistas catalanes o el BNG. A la espera de conocer el texto final, que ponga fin a la batalla dialéctica entre el Ejecutivo central y los líderes de ERC y Junts, las filtraciones por parte de Esquerra sobre el acuerdo y la clara imposición de recaudar la totalidad de los impuestos dentro de Cataluña, indica que su objetivo implica salir del régimen común y convertirse, junto a País Vasco y Navarra, en la tercera comunidad foral . De esta forma, dejarían de aportar al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales -que financian la Sanidad, Educación y las políticas sociales de Galicia y las demás comunidades dependientes-, así como el resto de fondos destinados a repartir los recursos de forma solidaria y equitativa entre los territorios para homogeneizar la riqueza de los habitantes, independientemente de la región en la que viven. Todo ello a cambio de un cupo que negociaría Cataluña con el Gobierno central Mientras el PSdeG defiende una mejora de las prestaciones para Galicia dentro del régimen común, utilizando la misma terminología que Cataluña -financiación singular-, a pesar de las distintas significaciones que le dan unos y otros, desde el BNG defienden la aplicación en Galicia del mismo modelo que pretenden aplicar los partidos independentistas catalanes. Una medida defendida tanto por la líder de la formación nacionalista, Ana Pontón , como el portavoz del bloque en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego . Aunque Pedro Sánchez se mostró favorable ante la petición de sus socios de investidura, los datos de liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común muestran dos realidades muy diferenciadas entre Cataluña y Galicia. La primera aportó 2.088 millones de euros mientras que la segunda recibió 2.987 millones, lo que implicaría un desajuste en las cuentas públicas de la comunidad gallega.
