Autoridades mexicanas detuvieron a Gilberto López Astudillo, conocido como ‘El Gil’ y el líder del cártel local que participó en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Guerrero, en 2014.
López Astudillo ya estuvo en prisión por el caso, pero fue liberado en 2019 debido a las muchas irregularidades que hubo en la investigación.
Según indicó a The Associated Press un funcionario, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre el caso, López Astudillo —conocido como “El Gil”— fue arrestado el jueves, y el viernes ya se encontraba en una cárcel de máxima seguridad del centro del país.
Durante el tiempo que estuvo libre, “El Gil” colaboró con la justicia para intentar esclarecer la desaparición de los estudiantes, indicó el funcionario. Ahora no fue detenido por el delito de desaparición sino por delincuencia organizada, agregó.
El Centro Prodh, que representa legalmente a las víctimas, consideraba que López Astudillo era una de las detenciones importantes que tenía pendientes la fiscalía.
Su captura tiene lugar cuando faltan dos semanas para el décimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, y a menos de un mes del fin de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien se había comprometido a solucionar el caso, pero acabó enfrentado con los padres, insultando a sus representantes en varias conferencias matutinas y sin darles respuesta.
López Obrador dijo el lunes que iba a tener una reunión sobre el tema, aunque no especificó con quién. “Estamos apurándonos”, aseguró. “Yo no pierdo la fe de que todavía en estos días podamos hacer algo”.
A pesar del tiempo transcurrido desde el ataque, todavía se desconocen muchos detalles de lo que pasó ese 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, y no están claros ni el móvil ni el destino de los estudiantes, aunque se han encontrado restos calcinados de tres de ellos. Las autoridades creen que todos fueron asesinados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que actuaron en colusión con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos efectivos militares.
Los estudiantes eran alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de la localidad de Ayotzinapa, y habían acudido a Iguala.
Los padres acusan al mandatario de proteger al ejército cuando este se negó a entregar cientos de documentos que podrían ser clave para esclarecer el caso y de minimizar su participación en los hechos, aunque hay varios militares bajo proceso.
En 2014, López Astudillo era uno de los líderes de Guerreros Unidos, un cártel local que traficaba heroína a Estados Unidos con la complicidad de autoridades locales y federales, según los informes de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso durante 8 años.
Fue detenido en 2015, y cuatro años después obtuvo una “absolución por insuficiencia probatoria”, según informó en su momento el Centro Prodh.
Decenas de detenidos por este caso fueron liberados por los errores, inconsistencias, obstrucción a la justicia y violaciones a los derechos humanos que hubo durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), incluyendo reiterados actos de tortura de varios arrestados, entre ellos “El Gil”.
Los abogados de las víctimas y los expertos de la CIDH criticaron entonces la poca agilidad de la fiscalía para corregir esas deficiencias.
Medios locales publicaron que López Astudillo era un testigo protegido que vinculó a los militares de forma activa en la desaparición de los estudiantes. También se le atribuyen a “El Gil” declaraciones que permitieron llegar al lugar donde se encontraron pequeños fragmentos de dos estudiantes identificados.
En 2022, la Comisión de la Verdad —una entidad oficial creada por el actual gobierno— calificó el ataque contra los estudiantes como un “crimen de Estado”. Los documentos que obtuvo apuntaban también a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y quienes manipularon y escondieron parte de sus restos, aunque posteriormente algunas de esas evidencias fueron rechazadas por los expertos de la CIDH.
Fiscales del gobierno de Peña Nieto dijeron que fue “El Gil” quien dio la orden de desaparecer a los estudiantes porque los confundió con integrantes de un grupo criminal rival, una versión que luego fue descartada.
Hay decenas de detenidos por el caso, pero ninguna sentencia. El ex procurador general Jesús Murillo Karam fue arrestado en 2022 y enfrenta actualmente un proceso por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia en prisión domiciliaria. Está acusado de haber creado una versión oficial falsa, la llamada “verdad histórica”, para ocultar la verdad.
Su jefe de investigaciones, Tomás Zerón, está acusado de los mismos cargos y se encuentra refugiado en Israel. México ha pedido su extradición.
El colectivo de periodismo independiente Fábrica de Periodismo divulgó la semana pasada un documento con declaraciones de Zerón a funcionarios en el que decía que la “verdad histórica” fue una narrativa elaborada por las máximas autoridades del gobierno durante reuniones en las que participó Peña Nieto.
