En el 2021, el hospital Tony Facio, en Limón, atendió a más de 40 heridos por arma de fuego. En el 2022, el número aumentó a 73 y este año, hasta el 29 de agosto, ya había recibido a 40. “Si seguimos a este ritmo, vamos a superar los dos años anteriores”, dice el director médico Daver Vidal Romero. El aumento del número de pacientes va de la mano de la creciente gravedad de las heridas, debidas al calibre de las armas utilizadas. En algunos casos, los internamientos duran hasta tres meses.
Los dos factores, número de baleados e internamientos prolongados, unidos al origen de la violencia en el crimen organizado, conspiran para poner en riesgo al personal y los demás usuarios del centro médico. Buena parte de los internados por heridas de bala las sufrieron en confrontaciones o atentados relacionados con el narcotráfico. Sus enemigos no dejan de acecharlos, en el propio hospital si es preciso.
Las instalaciones de los centros médicos no están preparadas para ofrecer seguridad. Su función es otra, aunque los administradores se han visto obligados a invertir en cámaras, monitoreo remoto y reforzamiento de las vallas perimetrales para dificultar el ingreso de bandas criminales.
Ninguna de esas inversiones sirvió en diciembre. La valla colindante con el mar fue vulnerada por los asesinos de un hombre de 30 años, muerto de un tiro en la cabeza, disparado desde la ventana del salón donde había sido internado por heridas de bala. Un funcionario del hospital también fue alcanzado por los disparos.
Los homicidas conocían la ubicación precisa de su víctima dentro del hospital y la ventana desde donde podrían terminar el conflicto iniciado días antes en las calles. El director médico no descarta la posibilidad de un informante interno, pero se sabe del vuelo de varios drones sobre el hospital días antes del asesinato para recopilar inteligencia.
En el 2008, otro paciente fue asesinado en el Tony Facio, pero el homicidio de diciembre refleja la sofisticación alcanzada por el crimen organizado durante el tiempo transcurrido desde entonces y el aumento de la violencia presagia nuevos atentados pese a las medidas de seguridad aplicadas para evitarlos.
El director médico cifra esperanzas en la arquitectura del nuevo hospital, prometido para el 2029. Por ahora, recurren a trasladar a los pacientes riesgosos a centros médicos capitalinos. A fin de cuentas, esa medida implica trasladar el riesgo a San José, donde no faltan gatilleros del crimen organizado y heridos internados en las mismas condiciones.
Costa Rica es hoy un país donde el diseño de un nuevo hospital debe contemplar, además de las características propias de su función, barreras contra un ataque del crimen organizado. Los pacientes deben ser trasladados, no para recibir atención especializada en el centro médico mejor acondicionado para brindarla, sino para evadir a asesinos dispuestos a completar la tarea iniciada en las calles.
El crimen organizado ya no dirime sus disputas con pistolas y armas de menor calibre, sino con rifles de asalto, capaces de disparar ráfagas letales. Sus agentes comprenden la importancia de recabar inteligencia y utilizan la tecnología para lograrlo, junto con métodos más tradicionales, como el reclutamiento de informantes.
También es un país donde los enfermos y el personal dedicado a atenderlos tienen derecho a sentirse seguros en los hospitales, pero el Estado no logra dar respuesta a los desafíos de la seguridad ciudadana y las autoridades se enfrascan en estériles esfuerzos para desplazar la responsabilidad y salvar capital político. Las razones para enmendar el rumbo están a la vista de todos y, ahora, también de quienes visitan los hospitales.
Hospitales se llenan de cámaras y detectores de metales ante mayor riesgo de ataques narco
