No parece muy convincente el argumento de que José Luis Escrivá es el mejor gobernador posible para el Banco de España. El problema no es, ni mucho menos, su solvencia profesional, sino el hecho de que una institución, que debe ser independiente del Gobierno, vuelva a ser colonizada con un claro espíritu partidista.
Dolores Delgado saltó desde la cartera de Justicia al asiento de fiscal general del Estado, con la controversia que supuso su nombramiento, solo igualable por su nombramiento como fiscal de sala, realizado por su sucesor, Álvaro García Ortiz.
Otros ejemplos son el de José Félix Tezanos en el CIS, Miguel Ángel Oliver, que saltó de la Secretaría de Estado de Comunicación a dirigir la agencia EFE, o algunas designaciones para el Tribunal Constitucional de los que habían ostentado sendas responsabilidades en los gobiernos de Sánchez.
El líder socialista ha demostrado que le interesa vencer y no tanto convencer. De otra manera, después de los resultados de las últimas elecciones legislativas, en las que fue segunda fuerza política, no quiso leer la desaprobación a su gestión que había hecho la sociedad española, sino que se arrodilló ante el independentismo para ser investido.
Desde esa óptica, todo está justificado, desde la Ley de Amnistía hasta el pacto que otorga la independencia fiscal a Cataluña, pasando por el uso partidario de las instituciones públicas.
Con el control del Poder Judicial y el de los medios de comunicación, a los que ha dividido entre medios profesionales y objetivos y fabricantes de fakes que deben ser criminalizados, en función de si su línea editorial es próxima a sus intereses o no lo es, ocupa los resortes que le permiten seguir venciendo.
Además, su estrategia es absolutamente individual, es decir, solo le interesa su permanencia en el poder. En ese sentido, a Sánchez le da absolutamente igual que en las comunidades autónomas gobierne el Partido Popular, incluso en algunas, como Castilla-La Mancha, hasta le vendría bien.
Romper la caja común, condenando a los españoles a la desigualdad, no es una medida transitoria, no es algo coyuntural que vaya a tener una duración de unos años, es una reforma estructural que entierra para siempre el principio de igualdad entre españoles.
Las consecuencias serán palpables en los próximos ejercicios de manera paulatina. Que Cataluña sea independiente fiscalmente significa, necesariamente, menos médicos, menos maestros y profesores y menos transporte público, entre otras cosas, en el resto de España.
