El familiar de un paciente ha pegado y causado lesiones a una anestesista tras una operación en el hospital Vega Baja de Orihuela ( Alicante ), donde el personal ha anunciado para este viernes una manifestación en repulsa por esta agresión. La víctima ha requerido de atención médica. Tras conocerse el caso por la denuncia del Sindicato Médico , que junto con el Colegio de Médicos de Alicante han reclamado medidas a la Administración para poner coto a este tipo de violencia contra los facultativos, la Conselleria de Sanidad ha difundido un comunicado también de «rotunda condena » de este ataque. El personal del centro hospitalario oriolano ha convocado para este viernes una manifestación de repulsa, después de este nuevo episodio de una lacra denunciada en varias ocasiones porque aumenta el número de casos en que los facultativos sufren agresiones. A través del servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del servicio Jurídico del departamento de salud de Orihuela, la Conselleria de Sanidad ha ofrecido asesoramiento y asistencia jurídica a la víctima, que sufrió la agresión este miércoles y ya ha recibido el alta. Asimismo, Sanidad solicitará a la Abogacía de la Generalitat la personación de la Generalitat como acusación particular en el procedimiento, tal y como prevé el Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario de la Conselleria de Sanidad. La Generalitat puso en marcha el pasado mes de marzo una campaña de concienciación contra las agresiones al personal sanitario con el lema 'Es delito', ya que proteger a los profesionales y evitar este tipo de agresiones es una «prioridad» para la Administración sanitaria valenciana, que recuerda que las agresiones al personal sanitario son delito y tienen consecuencias en forma de penas , sanciones y multas . El personal sanitario está reconocido como autoridad pública, por lo que una agresión a un sanitario tiene consecuencias penales , tal y como está recogido en el Código Penal, han recordado desde el departamento que dirige Marciano Gómez. Tras la reforma del Código Penal del año 2015, agredir o intimidar de forma grave a un profesional sanitario se considera delito de atentado. Los agresores podrían cumplir penas de prisión de entre seis meses y tres años, incluso cuando el ataque se produjese fuera de su lugar de trabajo, pero motivado por su condición de sanitario.
