La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, fue la protagonista del acto de apertura del año judicial, presidido por Su Majestad Felipe VI. Esta relevancia le vino dada porque era su primer discurso después de la renovación del órgano tras cinco años bloqueado y por sus mensajes de fondo sobre el estado actual de la Justicia. Puesto el punto final a las quejas por el bloqueo institucional, Perelló afirmó una serie de verdades sobre el papel de los jueces en el Estado de derecho que, en condiciones normales, serían obvias. Sin embargo, como la situación es excepcional, esas verdades sonaron como un 'basta ya' del Poder Judicial a la campaña de acoso político que están sufriendo jueces y tribunales. Tras una justificada y necesaria reivindicación de la mujer en la Justicia, Perelló asumió compromisos públicos que cualquier espectador imparcial asociaría sin problema a episodios de intromisión reciente en la independencia de los jueces. Recordó que, sin separación de poderes, no hay Estado de derecho; que ningún poder político debe decir a los tribunales cómo aplicar la ley; que la crítica a las decisiones judiciales no justifica la descalificación y que los errores de los tribunales se corrigen a través de los mecanismos de impugnación de las resoluciones judiciales. No es difícil encontrar en estas palabras el rastro de las injerencias del Gobierno en la aplicación judicial de la ley de Amnistía, o de las querellas al juez Peinado por sus decisiones en el caso Begoña Gómez, o los ataques a los tribunales por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Incluso defendió Perelló el sistema del mérito, la capacidad y la transparencia para la selección de futuros jueces, frente a propuestas de sistemas discrecionales sin objetividad. Si el discurso de Isabel Perelló fue una declaración de principios del nuevo CGPJ, puede decirse que esta institución ha retomado su papel constitucional, descrito de forma muy gráfica por su presidenta: ser baluarte de la independencia de los jueces . Queda por delante el camino de desafíos que la propia Perelló fue desgranando. El primero, inmediato, es cubrir las vacantes en las distintas salas del Tribunal Supremo, incluidas algunas presidencias. En el cumplimiento de esta competencia se verá hasta qué punto el nuevo órgano de gobierno de los jueces puede conducirse con autonomía frente a las presiones políticas y con una razonable capacidad de consenso interno. La cruz del acto de ayer fue el discurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, demasiado explícito en identificar las heridas por las que respira . Definió de forma gratuita la Memoria de la Fiscalía como un instrumento contra infundios y mentiras, sin concretar qué tienen que ver las estadísticas de diligencias penales con la lucha contra la desinformación. En estos casos, la indefinición del argumento acaba por arruinarlo, aunque en el gesto de García Ortiz se adivinaba la inminente decisión de la Sala Segunda sobre su imputación por revelar secretos profesionales de un investigado. Sus ataques a la figura del acusador popular fueron un lamento por la investigación del juez Peinado sobre la esposa del presidente del Gobierno y su encendida defensa del fiscal investigador –que sustituiría al juez instructor– solo aumentó los recelos hacia este modelo procesal que daría a la Fiscalía la decisión sobre qué se investiga y qué no. No hacía falta que García Ortiz reivindicara las virtudes constitucionales del Ministerio Público español, ni el encomiable papel que asume en la defensa de los derechos y libertades. El problema es que García Ortiz no representa esa Fiscalía respetable y digna que se merecen los tribunales y los justiciables.
