Desde que llegó al poder, el presidente López Obrador ha tenido una relación tensa con diversos organismos internacionales, incluyendo con la ONU. Más de una vez el mandatario mexicano ha fustigado al principal organismo internacional cuando este lo critica.
Esto no ha cambiado, incluso en el ocaso de su mandato. Efectivamente, en estos días, Ana Brian Nougrères, relatora especial de las Naciones Unidas en materia de privacidad por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas e Irene Khan, relatora especial de Naciones Unidas para la Protección del Derecho a la Libertad de Expresión, publicaron una carta en la que instan al gobierno mexicano a reconsiderar su decisión de desaparecer al INAI, tal y como lo conocemos.
La misiva menciona que la reforma constitucional presentada el 5 de febrero y aprobada el 23 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de este año puede “socavar el derecho a la privacidad en el país”.
Desde el punto de vista de las dos relatoras, las acciones realizadas por el INAI han “empoderado a la ciudadanía mexicana”. Nougrères y Khan también destacan la gran contribución internacional del INAI “en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales”.
Un punto fundamental en donde las relatoras ponen énfasis es en el hecho de que “la iniciativa no es explícita respecto de dónde recaen las competencias del INAI”. Es decir, no parece haber un plan bien fundado para sustituir las actividades del INAI. Es como si el gobierno no creyera que la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos sea algo que deba existir en una República moderna. Las relatoras mencionan el caso extraordinario de que las competencias del INAI se transferirían al “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, que aún no existe.
Como resultado de esto parece que las funciones del INAI “se diluirían en varias entidades como consecuencia de la reforma”. Incluso en materia de protección de datos personales prácticamente no se hace “referencia al destino de la competencia del INAI”. Esta fragmentación, argumentan las relatoras, podría afectar sustantivamente los derechos constitucionales de los ciudadanos mexicanos.
La carta termina con una sección en donde las relatoras piden al gobierno mexicano información sobre cómo este establecerá medidas para salvaguardar la transparencia y el acceso a la información pública y cómo garantizará la protección de datos personales. También piden información sobre cómo el gobierno alineará sus acciones con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El mayor peligro que resultaría de la desaparición del INAI sería para los mexicanos. Sin embargo, la decisión de desaparecerlo podría también violar disposiciones internacionales de derechos humanos a las que México está obligado. Es tiempo de que se vuelva a repensar esa decisión.
