Se calienta la agenda política en México. Apuntando, ahora, a poner “patas arriba” el sistema de justicia. Reforma judicial y “elección popular” de jueces y magistrados, dos conceptos que suenan benevolentes, pero que son gruesos. En realidad, son una suerte de “envoltorio” de otra cosa: cambio total de la composición de la independiente Suprema Corte, así como disponer otras medidas que le darían a la presidencia del país un inmenso poder sobre el funcionamiento del sistema de justicia mexicano.
Dentro del abanico de propuestas de AMLO sobre el tema judicial, mucho apunta —directamente— contra la independencia de la justicia. Independencia que es necesaria no solo para adoptar decisiones judiciales, sino en la gestión y administración del sistema judicial, incluyendo la disciplina y supervisión de los jueces, área en la que está buena parte del poder. En puridad, se trata de que no se amenace esa independencia en ninguno de los planos.
En la propuesta de AMLO se elimina el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hoy responsable técnico de la disciplina y supervisión de los jueces. No es un asunto “administrativo” cualquiera, sino algo esencial para la independencia judicial. Sus competencias pasarían a dos órganos de origen y composición esencialmente política: el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial.
El primero —OAJ— se encargaría nada menos que de la administración de los recursos presupuestales y humanos de la justicia. Estaría compuesto por cinco personas, nombradas todas nada menos que por la Presidencia de la República. Cero independencia. El Tribunal de Disciplina Judicial, por su lado, a cargo de la sensible función de investigar y sancionar a servidores públicos dentro del Poder Judicial, estaría compuesto por cinco miembros elegidos por voto popular luego de una campaña electoral, la que, por definición, es política. No existirán recursos contra sus decisiones, resolviendo a partir de causales como “actuar contra el interés público”.
Se trata de un golpe intervencionista y controlista del poder político que se conecta a otra propuesta preocupante de AMLO, tal y como la reducción de las remuneraciones y beneficios de jueces y magistrados.
¿Por qué ahora?
Además de convertirse Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta de México, se eligió un nuevo Congreso, los gobernadores de ocho estados, el alcalde de la capital y muchos otros cargos locales. No es un detalle cualquiera que Morena —partido de AMLO— haya alcanzado la mayoría calificada en las dos cámaras del Legislativo —que se acaban de instalar— para adoptar cambios constitucionales.
Por ejemplo, disolver el Consejo de la Judicatura. Y en eso se está. Pues en el nuevo Legislativo ya instalado se están dando los primeros pasos de reforma constitucional para lo que AMLO ha llamado, generosamente, “reforma judicial”. Esa agenda político-legislativa explica por qué ya se armó una verdadera batahola en las calles y en los medios del país: ciudadanía protestando y, dentro de ella, jueces, abogados y estudiantes de Derecho.
Golpeando a la Suprema Corte
Los magistrados de la Corte Suprema serían elegidos por voto popular para el 2025. Cesaría la actual Corte. No hay indicios de reglas o regulaciones sobre las características de esas campañas electorales: temas permitidos, financiación, etc.
Paralelamente —sin una sustentación técnica que se conozca—, se reduciría la cantidad de magistrados de la Corte de 11 a 9, y su mandato de 15 años a 12. Sin embargo, la práctica ha demostrado que es creciente la carga judicial de la Corte, lo que aconsejaría que el actual número de magistrados mínimamente se mantenga. De lograrse la reforma, desaparecen también las salas de la Corte y se extingue la especialización de criterios lograda desde 1994.
Más allá de deshacerse AMLO de una Suprema Corte que se comportó con total independencia, a fin de cuentas, de lo que se trata, en realidad, es de reemplazar la carrera judicial técnica basada en exámenes “de oposición”. Y, con ello, reducir los estándares para la selección de futuros jueces. Y en golpe total: desaparecerían también los más de 1.700 juzgados federales.
Introducir el voto popular como la decisión final y decisiva en el proceso de nombramiento de jueces y magistrados estaría “en contradicción con el principio de que los jueces y magistrados deben ser nombrados con base en el mérito y a criterios objetivos, respetando sus competencias profesionales”, como lo ha señalado también la UIM.
Administración judicial: la política al mando
Los proyectos de AMLO prevén —en simultáneo— que la disciplina y supervisión de los jueces sea responsabilidad de dos órganos de origen y composición política, algo atentatorio de la independencia de la función judicial. Uno, controlado por el presidente de la República; el otro, resultado de una “campaña” electoral. Dos órganos de origen y composición esencialmente política concentrarían el poder.
La administración, aspecto crucial: órgano compuesto por cinco personas nombradas por la presidencia controlándolo todo. Y el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado nada menos que de investigar y sancionar a los servidores públicos dentro del Poder Judicial. Se convertirá en agente de control político con el inmenso poder de sancionar y destituir jueces, sin que sus integrantes requieran calificaciones técnicas. Adiós, pues, a cualquier resquicio de independencia.
Se conecta esto a otra propuesta de AMLO para “acosar” al sistema judicial reduciendo las remuneraciones de jueces y magistrados.
El Gobierno argumenta que esto es necesario para combatir la corrupción. No es así ni es la forma. Curioso, ya que no se tocan las remuneraciones de parlamentarios o altos funcionarios del Ejecutivo.
Vienen tiempos de brega y tensión, pues la independencia de la justicia es medular en una democracia.
