Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Esta semana se delibera en el Congreso de la Unión una reforma a la Constitución que será crítica para la evolución económica del país por muchos años, quizás décadas. La iniciativa presentada por el Ejecutivo plantea un cambio radical en el funcionamiento del Poder Judicial que dinamitará casi la totalidad de avances que se han logrado para la impartición de justicia en el país. Es cierto que el proceso de profesionalización en la formación de magistrados y jueces mediante la carrera judicial ha sido prolongado, pero son innegables los frutos conseguidos como resultado de elegir esta ruta. Basta contrastar la actuación de jueces federales y locales para distinguir su impacto positivo.
Al momento en que escribo esta columna, la Cámara de Diputados, sesionando en una sede alterna, aprobó por mayoría calificada el dictamen de reforma en lo general y quedará pendiente discutir centenares de reservas. Resta ver el desenlace de la votación en el Senado, donde solo falta un voto para que la coalición gobernante también logre una aprobación por mayoría calificada. Si eventualmente se consigue, como parece ser el escenario más probable, solo restaría que la mayoría de los congresos locales (17) la vindiquen para que se haga efectiva.
Las consecuencias de esta decisión crearán un entorno de enorme incertidumbre para nuestro país. Desde muchos frentes, distintas voces han alertado sobre el peligro de aprobar e implementar esta reforma. Especialistas de todas las disciplinas, exfuncionarios públicos que han protagonizado crisis económicas, personas juzgadoras que se han formado bajo la carrera judicial, estudiantes, organizaciones civiles, socios comerciales, órganos colegiados internos y externos, y un largo etcétera. A la lista se añaden nuevas voces cada día, lo que incrementa la percepción de riesgo sobre su eventual aprobación.
Como reza el adagio, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero habría que añadir que quien ignora su historia económica, sacrifica a nuevas generaciones en el cadalso de su obstinación. Entre las riquezas que caracterizan a nuestro país, hay que incluir una vasta experiencia en crisis económicas que combinan decisiones polémicas de política macroeconómica en la parte final de los sexenios presidenciales. Entre estas, las de 1982, 1987 y 1994. Todas, con la perspectiva que nos brinda la distancia temporal, invadidas por la estupefacción sobre los incentivos que tuvieron sus actores para prevenirlas.
En “El largo curso de la economía mexicana”, Enrique Cárdenas, uno de los historiadores económicos mexicanos más célebres de nuestro tiempo, recuerda eventos clave en cada uno de estos procesos, donde permanece la especulación sobre las razones que realmente tuvieron determinados actores para tomar las decisiones que condujeron al país a recesiones profundas que impactaron el bienestar de millones de personas. De 1982, basta recordar lo ocurrido el 1 de septiembre de aquel año, cuando el entonces presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca comercial privada y decretó el control generalizado de cambios, en un intento desesperado por frenar la crisis de deuda que atravesaba el país como consecuencia un manejo fiscal profundamente desaseado. De dicho episodio, Cárdenas nos recuerda que el entonces candidato presidencial electo, Miguel de la Madrid, fue consultado sobre la decisión e ignorado al expresar que en nada ayudaría a aliviar la crisis.
De 1987, cuando Miguel de la Madrid ya era presidente y arrastraba cinco años cargando el costo político y económico de la decisión de su antecesor, es relevante el crack de la bolsa de Nueva York en octubre que, aunado a la caída en los precios internacionales del petróleo, sumió al país en una nueva crisis económica, suficiente para que este periodo sea conocido como “la década perdida” por las consecuencias que tuvo sobre el crecimiento: entre 1983 y 1987, el PIB por persona cayó en 1.9 por ciento, lo que evidenció nuestra vulnerabilidad al financiamiento externo a pesar de los esfuerzos domésticos por recuperarse de la crisis de 1982.
Esto nos lleva a la crisis de finales de 1994, en el ocaso de la presidencia de Carlos Salinas. Un episodio que inició con lo que muchas personas conocen como “el error de diciembre” y que en la literatura macroeconómica a nivel internacional se registra como “la crisis del Tequila”. Entre las teorías que recaba Cárdenas para explicar el porqué de una serie de decisiones económicas catastróficas entre noviembre y diciembre de 1994, rescato una que me parece clave: la ausencia de espacios de deliberación colegiada en el gabinete para discutir las implicaciones de modificar la política cambiaria del país en la antesala del cambio de administración que ocurrió en un año tan convulso como 1994.
Estos episodios de la historia económica reciente de nuestro país nos invitan a reflexionar sobre los acontecimientos que estamos atestiguando. La reforma al Poder Judicial tendrá un impacto severo sobre la percepción de nuestro sistema de justicia, creando mayores presiones sobre la calidad del estado de derecho. De acuerdo con el World Justice Project, México ocupó el lugar 119 de 145 países en 2023 en el Índice de Estado de Derecho, registrando una caída con respecto a 2013. La implementación de esta reforma empeoraría aún más la calidad del sistema de justicia, al distorsionar los incentivos de las personas juzgadoras enfocados en revertir esta realidad.
No resulta exagerado insistir en las implicaciones que esto tendrá para el país en aspectos clave de su fortaleza estructural: 1) la incertidumbre en torno al marco institucional que brinda el T-MEC para la integración de las economías de México, Estados Unidos y Canadá; 2) la presión a la baja sobre la trayectoria de crecimiento económico al deteriorar la certidumbre que requieren los proyectos de inversión; 3) el riesgo de mayor debilitamiento fiscal dado un menor crecimiento y significativas presiones de gasto; y 4) las consecuencias que esta perspectiva tendría sobre la calificación crediticia de la deuda pública.
Nuestra historia económica es clara al transmitir que las consecuencias de decisiones controvertidas en la política macro nunca son administradas por el presidente que va de salida. Es quien le sucede, en compañía de sus equipos, quienes deben echar mano de su talento y creatividad para superar la crisis. El esfuerzo siempre recae en el mercado interno, hogares y empresas que se hacen y se harán cargo de estas decisiones. Por lo mismo, no deja de ser inaudito que un voto por una agenda de transformación se interprete como un cheque en blanco con licencia para ignorar más de cuatro décadas de lecciones económicas.
