Eduardo Beut ha cesado también al director de investigación de la agencia anticorrupción valenciana y quien fuera su rival para presidir la entidad por impulsar la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción
Un exdelegado de la Agencia Tributaria con el PP y el número dos de la institución, candidatos para dirigir la Agencia Valenciana Antifraude
Ni 42 días, con el mes de agosto de por medio, ha tardado el nuevo director de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, Eduardo Beut, en expulsar de la entidad a dos perfiles más que consolidados en la lucha contra la corrupción valenciana. Teresa Clemente, la ya exdirectora adjunta y funcionaria clave en la denuncia del caso Blasco, y Gustavo Segura, el también ya exdirector de investigación y exinterventor en Mislata, han sido destituidos este semana por Beut por “colaborar” con la Fiscalía Anticorrupción. Una verdadera declaración de intenciones de quien fue elegido en la Corts Valencianes solo con los votos de PP y Vox tras cambiar la ley de elección del presidente de mayoría cualificada a mayoría simple.
La llegada de Beut a la presidencia de la Agencia Antifraude no ha estado exenta de polémica. Primero, por su pasado afín al expresidente de la Generalitat con el PP, Eduardo Zaplana, y posteriormente por el dudoso prestigio de las entidades en defensa de la transparencia y la lucha contra la corrupción que avalaron su candidatura. Según fuentes conocedoras del funcionamiento de la agencia, desde su entrada en la entidad el pasado 23 de julio, Beut ha reclamado los expedientes periciales vinculados a los casos Erial, en el que el principal acusado es el exministro de Trabajo, y Azud, donde hay investigados miembros del PP de Valencia y el abogado José Luis Vera, excargo del PSPV en la Diputación de Valencia.
La Agencia Antifraude ha declinado ofrecer una versión oficial sobre las destituciones y la emplazan a un futuro encuentro con periodistas. Pero fuentes de la institución enmarcan la salida de Clemente y Segura, adelantada por Levante-EMV y Las Provincias, en una reestructuración legítima del nuevo director, que debe tener la posibilidad de que sus colaboradores más cercanos sean de su confianza. Las mismas fuentes explican que los despedidos no tienen todavía sustitutos por el momento y que ejercerán sus funciones la personas de la Agencia del segundo escalón.
La Agencia Antifraude, impulsada por las Corts Valencianes salidas del cambio de Gobierno en 2015, ha sido clave en algunos de los casos más graves de corrupción de la Comunitat Valenciana. Sus informes periciales en labores de asistencia a la Guardia Civil o la Fiscalía Anticorrupción han servido para apuntalar el caso Erial o para avanzar en el caso Azud. Gracias a un trabajo de la Agencia se pudieron demostrar las irregularidades en la adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y que han sentado en el banquillo a Zaplana. La entidad, además, ha tenido un perfil muy alto con colaboraciones con otras agencias antifraude y ha recibido varios premios por sus labores de investigación de la corrupción. Además, ha perseguido irregularidades de administraciones de todos los colores políticos, siendo utilizados sus informes por todas las formaciones para criticar al rival.
Los dos destituidos tienen un importante currículum en la lucha contra la corrupción y, en el caso de Teresa Clemente, un episodio vital que cambió la percepción de cómo los funcionarios deben actuar ante casos de corrupción. Clemente fue clave en el juicio del caso Blasco, ya que su testimonio fue fundamental para apuntalar la acusación al exconseller de Camps. La funcionaria ahora destituida formó parte de la Conselleria de Solidaridad donde se defraudaron unos seis millones de euros en fondos para la cooperación internacional y se plantó ante las presiones del exconseller y sus compinches. La mayoría de acusados en esta causa han pasado por prisión.
Es llamativo que el argumento de la salida de estos dos directivos de la Agencia sea por colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, puesto que sus estatutos marcan claramente que es un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y fiscal. Habrá que ver qué rumbo marca el nuevo director y qué imagen de seguridad quiere ofrecer a los posibles denunciantes de casos de corrupción. Estas destituciones no parecen la mejor carta de presentación para el funcionario que se quiera jugar el puesto por denunciar una irregularidad.
