A finales de mayo, el presidente Rodrigo Chaves admitió el fracaso del decreto firmado en junio del 2022 para ordenar al Ministerio de Salud el reconocimiento de los registros sanitarios concedidos por Estados integrantes del Consejo Internacional de Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano con el fin de autorizar la comercialización de esos medicamentos en el país.
La agilización del registro, razonaba el decreto, contribuiría a reducir el costo de los fármacos mediante el estímulo a la competencia y la reducción de trámites y costosos requisitos. El resultado no se produjo y a mediados de agosto la Sala Constitucional selló la suerte definitiva del plan declarándolo inconstitucional.
La Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Pacientes de Costa Rica presentó la acción de inconstitucionalidad contra la norma alegando violación del derecho a la salud porque el Estado perdía la potestad de exigir siquiera estudios clínicos cuando un importador registrara medicinas extranjeras. La Procuraduría General de la República (PGR) coincidió con ese argumento y presentó objeciones adicionales.
Antes del fallo, cuando aceptó el fracaso del decreto, el mandatario dijo tener bajo consideración otros mecanismos, como la regulación de precios. También encomendó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) explorar nuevas fuentes de suministro de medicamentos aparte de las farmacias y droguerías tradicionales.
Si fuera posible concretar la idea, no sería el primer experimento del país con el control de precios y, hasta ahora, ninguno ha resultado exitoso. El riesgo de desabastecimiento es quizá el más sobresaliente entre las posibles consecuencias de una política de ese tipo. En todo caso, no se ha vuelto a hablar de ella.
En abril, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), planteó la idea de crear una empresa, en alianza estratégica con el sector privado, para vender medicamentos. La idea de aprovechar economías de escala y capacidades instaladas pronto fue más allá de los fármacos para incluir equipo, servicios médicos y hasta de lavandería.
La intención ya no se agotaba en el abaratamiento de las medicinas mediante compras por volumen y ventas al por mayor y al menudeo, sino que se amplió a la generación de ingresos para la entidad. Era la vuelta al Estado empresario, una fórmula también probada sin éxito y con graves pérdidas durante largos años.
La Caja siempre ha tenido entre sus puntos débiles la compra de suministros. Pocas otras áreas de su actividad han generado tantos cuestionamientos, sea por el manejo de los suministros como por los casos de corrupción. Aumentar la proveeduría a la escala necesaria para ejecutar el plan y añadirle operaciones de comercialización suscitaba comprensibles dudas.
Pero la idea no prosperó por otras razones. Cinco abogados de la Dirección Jurídica institucional la consideran contraria a la Ley General de Contratación Pública porque las alianzas estratégicas se conformarían sin observar los procedimientos ordinarios, con aplicación de las excepciones previstas, bajo ciertas condiciones, para entidades públicas de carácter comercial sometidas a régimen de competencia “con el fin de lograr ventajas competitivas, todo de acuerdo con el giro de negocio de cada parte”. En el caso de la CCSS, dicen los abogados, “no existe disposición legal que le autorice a suscribir alianzas estratégicas”, porque no tiene naturaleza “empresarial o comercial”.
Con el traspié de la iniciativa, no queda sobre la mesa ninguna otra para cumplir la promesa de bajar el costo de las medicinas, pero el objetivo sigue siendo válido. Hay experiencias internacionales aptas para servir de ejemplo. El país no cuenta con recursos para ofrecer subsidios, como en España, pero sí podría aprender sobre la promoción del uso de medicamentos genéricos y los estímulos a su comercialización. Las avenidas exploradas hasta ahora son intransitables. En lugar de insistir, es necesario tomar otra ruta.
