Las posturas respecto a la posible regulación de medio millón de migrantes en situación irregular abre un nuevo frente entre los dos socios de Gobierno en el inicio del curso político. En esta ocasión, las diferencias están relacionadas con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que persigue la regularización de 500.000 migrantes en situación irregular. Respaldada por 700.000 firmas, llegó al Congreso la pasada legislatura pasada y fue calificada por la Mesa del Congreso el 14 de diciembre de 2021. En abril de este año fue tomada en consideración por el Pleno, con el respaldo del 90% de la cámara, incluyendo PP y PSOE, y el 13 de junio superó otro debate de totalidad rechazándose un texto alternativo de Vox. Sin embargo, su debate en la Cámara continúa dilatándose. Prueba de ello es que el plazo para presentar enmiendas se ha prorrogado una semana más.
Sobre este asunto, se pronunció ayer en la red social X (antes Twitter) la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, recordando al PSOE que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ya acometió esta regularización y que «hay que volverlo a hacer». La también titular de Trabajo denunció que en materia de migración la «derecha sigue con sus postulados racistas y, ante ello, no se puede ceder». A renglón seguido, la vicepresidenta señaló que «debe impulsarse ya». Su reactivación en la Cámara Baja está empantanada y su coincidencia con la reactivación del debate migratorio está en cierto modo favoreciendo que se dilate en el tiempo. Tanto PP como PSOE quieren presentar enmiendas al texto mientras que el socio minoritario presionar para que se debata cuanto antes. Los grupos tienen de plazo hasta el miércoles.
En esta ocasión, Yolanda Díaz recordó ayer que Zapatero ya impulsó una regulación. En verdad, desde 1986 se han aprobado nueve regularizaciones de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, cinco impulsadas por el Partido Popular y cuatro por el PSOE. La última fue en 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó los papeles a 576.506 trabajadores no comunitarios.
Otro de los socios del gobierno, en este caso ERC, también presione para que la ILP llegue a la Cámara Baja. Los independentistas también presentaron un escrito pidiendo que no hubiese más prórrogas del plazo de enmiendas asegurando que no se puede «consentir» que esta iniciativa popular «caiga en el cajón del olvido de la tramitación parlamentaria». La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos.
La inmigración es un nuevo frente que vuelve a separar a los dos principales socios del Gobierno. En este asunto, tanto el PSOE como Sumar marcan perfil propio. En este sentido, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reprochó al jefe del Ejecutivo que apoye medidas de la extrema derecha como la repatriación de los migrantes que han entrado en España de manera irregular. El ala socialista del Gobierno, de hecho, no tardó en recordar a su socio que es Sánchez quien marca la política migratoria.
