Después de cuatro décadas de lucha, desde 2021 rige la ley de negociación colectiva en el sector público, a fin de que los trabajadores logren mejoras en sus vínculos laborales.
Sin embargo, la gestión de Dina Boluarte quiere ponerle candados y apunta, en un primer paso, a bloquear la negociación colectiva en el ámbito descentralizado por territorio y entidad.
Alberto Campos, secretario general colegiado de la Confederacion Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE), explica que se afectará a 562.000 servidores de los regímenes laborales 276, 728 y CAS repartidos en más de 2.550 entidades del gobierno nacional, regionales y locales, así como entidades constitucionalmente autónomas como universidades.
“Se prohibirá la negociación colectiva en más de 2.550 entidades del Estado, entre ellas 1.980 municipalidades, 33 universidades, ministerios, Poder Judicial, Congreso, entre otros. Si el aumento de 100 soles parece poco para el costo de vida, la diferencia a negociar se quiere dejar sin efecto”, comentó Campos a La República.
Vale añadir que desde 2025 recibirán los trabajadores estatales un aumento de S/100 al mes y un bono de S/200. El año pasado, la bonificación fue de S/600 mas ahora la redujeron alegando que se iba a tener un presupuesto deficitario de S/214.000 millones —mas terminó el Ejecutivo planteando uno de más de S/251.000 millones—.
