María Jesús Montero y el PSOE siguen tratando de justificar el acuerdo con el independentismo que da a la Generalitat la recaudación de todos los impuestos. La vicepresidenta de Hacienda, que ha comparecido en el Senado, forzada por el PP, ha insistido en comparar el acuerdo fiscal con Cataluña al régimen fiscal que tienen Baleares y Canarias por su carácter insular, una equiparación que ha generado el rechazo y las críticas de los populares. "¿Que los estatutos de autonomía contemplen disposiciones concretas sobre inversiones en base a la singularidad significa romper España?. ¿Ustedes comparten la financiación singular que tienen otros territorios, como Canarias o Baleares? ¿Acaso ha roto esto a España?", ha espetado Montero, quien ha asegurado en que "es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo".
Lo cierto es que el Gobierno y el PSOE tratan de equiparar el acuerdo para la financiación singular de Cataluña con otros modelos de financiación que hay en otros territorios, como el caso de Baleares y Canarias o, incluso, Cuenca, Teruel y Soria, unas comparaciones que parecen poco ajustadas a la realidad. De hecho, en Baleares o Canarias hay ventajas fiscales para los residentes (en materia de Sociedades o IRPF) para tratar de ayudar con inversiones a estos territorios por su carácter insular, aunque esas ventajas no llegan tampoco al alcance del acuerdo fiscal en Cataluña, que supone la entrega de todos los impuestos a la Generalitat y, luego, el Govern y el Estado pactan una cuota de solidaridad para contribuir al régimen común de financiación, aunque está por ver cuál acaba siendo esa cifra.
Montero, de hecho, ha leído el acuerdo fiscal entre PSC y Esquerra, aunque se ha dejado sin leer una parte sustancial, que es la siguiente: "Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad". Es decir, que el límite de la contribución de Cataluña para ayudar en la financiación del resto de autonomías queda restringida a que la autonomía catalana no pierda puestos en el ranking de financiación. Montero tan solo ha leído la parte del acuerdo que dice que la aportación de Cataluña al fondo de solidaridad debe contribuir a que "los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos de sus ciudadanos puedan ser alcanzados con niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar". Es decir, ha lanzado un dardo a las autonomías del PP, que tratan de bajar impuestos para atraer inversión.
La vicepresidenta trata de hacer ver que el acuerdo no es equiparable al concierto vasco sino que se ajusta a la Constitución y a los acuerdos que se han ido alcanzando en materia de financiación en las últimas décadas. "Las sucesivas reformas del sistema de financiación han tenido como rasgo el incremento de la cesión de impuestos", ha señalado Montero.
