Milei restringe el derecho de acceso a la información y su gobierno será aún más opaco

En Argentina, el presidente Javier Milei, conocido por su inclinación ultraderechista, ha emitido un decreto que restringe el acceso a la información pública. Esta medida afecta directamente la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016, despertando críticas entre especialistas y organizaciones civiles que consideran que el Ejecutivo está alterando el espíritu de la norma original.

Este decreto amplía los criterios de excepción para acceder a información, redefiniendo los conceptos de “información pública” y “documento”. La administración de Milei introduce estos cambios significativos en la reglamentación de ciertos artículos, enfocados en el control y restricción de la transparencia gubernamental en Argentina.

La Ley de Acceso a la Información Pública fue sancionada en 2016 bajo la presidencia de Mauricio Macri. Este proyecto legislativo fue debatido y modificado por ambas Cámaras del Congreso Argentino. Antes de este marco formal, la regulación comenzó con un decreto de Néstor Kirchner en 2003, marcando el primer paso hacia la transparencia en Argentina.

En 1994, la reforma constitucional incorporó tratados internacionales que reconocen el derecho a “recibir informaciones”. Sin embargo, hasta entonces, el acceso efectivo a la información pública requería acciones legales, como amparos, lo cual era señalado por estudios previos de expertos en el área.

Restricciones de Milei en información pública crean polémica

El Decreto 780/2024, promulgado por el gobierno de Milei, reglamenta aspectos de la ley de 2016, particularmente redefiniendo “información pública” y “documento”. La ley original definía “información pública” como todos los datos contenidos en documentos generados por entidades obligadas.

No obstante, el nuevo decreto excluye datos de personas físicas o jurídicas privadas que no tengan interés público. Este cambio redefine el acceso a la información pública, limitando el ingreso bajo la justificación de proteger datos privados, lo que ha generado desacuerdo entre los defensores del acceso a la información.

¿Transparencia u opacidad en Argentina? Las nuevas definiciones de Milei

Poder Ciudadano, una destacada organización civil, ha criticado el poder de un decreto para restringir el acceso a la información más allá de lo estipulado por el parlamento. Manifiestan su preocupación porque el decreto parece restringir el derecho ciudadano, al modificar definiciones esenciales y aumentar las excepciones.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha subrayado que la divulgación de la información pública debería ser la norma en un sistema democrático. Desde esta perspectiva, el Estado tiene el deber de facilitar el acceso, no como una concesión, sino como un derecho ciudadano esencial.

Organizaciones critican restricciones de Milei en acceso a información

Ramiro Álvarez Ugarte, abogado e investigador en el tema, ha destacado que el decreto impone criterios restrictivos, en contraste con el propósito inclusivo de la ley original. Señaló problemas en la nueva definición de “información pública” y “documento”, advirtiendo un retroceso respecto al marco legal aprobado.

Álvarez Ugarte advierte que la nueva reglamentación podría contravenir los principios establecidos en la Constitución Argentina. Argumenta que un decreto no debería cambiar sustancialmente una ley aprobada por el Congreso, reflejando una tendencia preocupante en el control estatal de la información bajo el gobierno de Milei.