En Centroamérica se encuentran tres de los cinco países que penalizan el aborto bajo cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la gestante corre peligro o ha vivido violencia sexual. Los transfeminicidios y la violencia policial en contra de las trabajadoras sexuales es cruenta y cotidiana
Históricamente, la sexualidad ha sido uno de los territorios de conflicto en el que el Estado, la religión y el mercado han tenido intereses y agendas claras. Instituciones como el matrimonio heterosexual, la maternidad, y la figura de la ama de casa han tenido el objetivo de naturalizar el sistema de género y el control de los cuerpos.
Las mujeres y las disidentes de la heterosexualidad y del género normativo han sufrido en sus carnes la violencia e intervención política sobre sus deseos y sus vidas. Son cuerpos que han sido violentados, medicalizados, intervenidos, corregidos, estigmatizados y excluidos.
Como plantean las feministas descoloniales y negras, este sistema, que no es solo heteropatriarcal, sino también capitalista y colonial, ha oprimido de manera diferente según el género, color de piel, origen, etnicidad y clase económica. Es así como el control de la reproducción y la sexualidad se refleja en la penalización del aborto y en la esterilización forzada; dos estrategias con el mismo objetivo.
Esta no es una realidad ni lejana ni antigua. Sin ir más lejos, recordemos el intento de aprobar la ley Gallardón hace pocos años en España. Y justo ahora, la política de control de los antiderechos sigue trabajando para conseguir la eliminación de las Consejerías de Igualdad, la prohibición de la educación sexual o la negación sistemática de la violencia de género.
En Centroamérica, la brutal violencia contra los cuerpos de las mujeres deja cifras escalofriantes. Los cuerpos de mujeres racializadas, personas trans y lesbianas están entre los más agredidos y controlados por el Estado y la militarización. En Centroamérica se encuentran tres de los cinco países que penalizan el aborto bajo cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la gestante corre peligro o ha vivido violencia sexual. Los transfeminicidios y la violencia policial en contra de las trabajadoras sexuales es cruenta y cotidiana.
Los lobbies antiderechos pactan con los gobernadores centroamericanos para aprobar leyes restrictivas que vulneran los derechos fundamentales a vivir sin violencia, decidir sobre el propio cuerpo, acceder a servicios de salud sexual y el derecho al placer. Muchos de estos lobbies cuentan con grandes fuentes de financiamiento y conexiones importantes con la derecha europea. La salud sexual no es baladí, controlar los cuerpos está ligado al dominio del territorio, la fuerza de trabajo y las riquezas naturales.
Centroamérica sigue siendo un territorio en disputa, con democracias frágiles y dictaduras, pero nada de esto ocurre sin una reacción por parte de los movimientos feministas. Durante décadas, el feminismo centroamericano ha logrado visibilizar la violación de los derechos humanos; desnaturalizar la violencia machista a través de un arduo trabajo de sensibilización, acompañamiento y divulgación en barrios y comunidades; han acompañado a miles de mujeres a abortar pese a la amenaza de cárcel, y han seguido hablando del derecho al placer. En definitiva, han hecho activismo gozoso que ha salvado a miles de mujeres y han presentado informes especializados en Naciones Unidas para documentar los retrocesos.
El movimiento feminista y LBTIQ+ ha estado en la primera línea denunciando, pero también acuerpando y cuidando de las demás. Ha habido avances y retrocesos. Los cambios no son permanentes, bien lo sabemos en Centroamérica.
En Honduras lograron la despenalización de la anticoncepción de emergencia después de más de una década de trabajo. Las salvadoreñas han logrado sacar de la cárcel a muchas mujeres acusadas por abortar por la criminal ley que les condenaba con hasta 40 años de cárcel, y están denunciando la militarización y los cierres de espacios democráticos. En Costa Rica se logró la legalización del matrimonio igualitario y el reconocimiento de las trabajadoras sexuales como cotizantes en la Caja del Seguro Social.
En Nicaragua, las feministas denunciaron la violencia sexual que Ortega ejerció durante años. Han evidenciado la violencia del Gobierno y siguen acompañando a familias de presas políticas, denunciando los crímenes y articulándose aún en el exilio. En Guatemala las feministas comunitarias nos han enseñado mucho sobre territorio, cuerpo y tierra, y lo fundamental de defender los bienes naturales con una mirada decolonial y antirracista.
Esta digna rabia y capacidad de resistencia ha tenido un alto costo para las defensoras. Se han enfrentado a campañas de difamación, acoso y persecución. Según el informe de la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Mesoamérica, 190 mujeres defensoras han sido asesinadas en los últimos diez años.
En Calala Fondo de Mujeres sabemos que la igualdad y la justicia social la impulsan los feminismos de base y comunitarios. Son las lesbianas, indígenas, personas trans, no binaries, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, trabajadoras sexuales y jóvenes las que siguen ensanchando las agendas y el imaginario de lo posible.
Estos colectivos, históricamente ignorados y ninguneados, nos ayudan a cuestionar lo que entendemos por normalidad y amplían la mirada más allá del género y los genitales. En Calala tenemos claro que nuestro objetivo es contribuir a que estos grupos, redes y organizaciones de mujeres y personas LBTIQ+ puedan seguir existiendo y luchando por defender los derechos humanos, la justicia y la igualdad; para que tengan el poder para decidir la vida que quieren. Un trabajo incansable, creativo y encarnado porque, nunca mejor dicho, se nos va la vida en ello.
