El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se pronunció sobre la situación legal por la que atraviesa la presidenta Dina Boluarte en cuanto a las investigaciones por el caso Rolex. Esto se da luego de las revelaciones periodísticas que evidenciarían posibles irregularidades en la gestión de la jefa de Estado.
En ese sentido, Villena Campana indicó que su despacho fiscal decidió enviar ante la mesa de partes del Congreso de la República una denuncia constitucional contra la mandataria Dina Boluarte, debido a que consideran que existen indicios de los presuntos delitos de los que se le acusan a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
No obstante, remarcó que cuando se trata de un alto funcionario del Estado peruano, dicha autoridad no puede ser "objeto" de una resolución acusación del Legislativo, es decir, las acciones presentadas contra un presidente en funciones tienen que esperarse hasta que finalice su mandato.
"Cuando nosotros presentamos una denuncia constitucional, lo que estamos diciendo es que tenemos indicios de estos delitos y por eso lo presentamos ante el Congreso de la República. Lo que sucede es que cuando se trata de una presidenta o presidente en funciones, no puede ser objeto de una resolución acusatoria del Congreso. Y es decir, eso no puede darse a trámite respecto al presidente en funciones".
El magistrado señaló que el Parlamento Nacional puede tomar las decisiones que correspondan, pero no presentar una resolución acusatoria. Recalcó que los altos funcionarios, al igual que los fiscales, son sometidos a procesos especiales. Manifestó que una alta autoridad no se le pueda procesar en caso no haya realizado una evaluación en el Legislativo.
"El Congreso puede tomar las decisiones, lo que no puede hacer es que emita una resolución acusatoria, pero puede archivar, pero puede debatirla, emitir un pronunciamiento de fondo (..,) Eso es lo que hemos encontrado, lo que corresponde es que los altos funcionarios al igual que los magistrados estan sometidos a un proceso especial", manifestó.
Agrego que cuando el Congreso aprueba una denuncia constitucional contra un alto funcionario, la Fiscalía de la Nación pasa las pesquisas a investigaciones preparatorias y designa a un fiscal supremo para que continúe con los procesos correspondientes.
"A un alto funcionario no se le puede procesar si es que no ha sido objeto de una evaluación en el Congreso. Y el Congreso cuando habilita y permite que se continúe con el proceso penal es cuando emite una resolución acusatoria y esa resolución lo remite a la Fiscalía de la Nación y el fiscal de la Nación formaliza la investigación preparatoria y lo deriva a otro fiscal supremo para que continúe esta investigación", sostuvo.
