Estados Unidos considera sanciones adicionales contra Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, luego de que el régimen emitiera una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, destacado líder opositor. El gobierno de Joe Biden, a través del asesor de Seguridad Nacional, John Kirby, advirtió que se están evaluando varias opciones en coordinación con aliados internacionales para demostrar que las decisiones políticas de Maduro no quedarán sin consecuencias.
Esta decisión surge en respuesta a la reciente orden de detención emitida por la Fiscalía venezolana contra González Urrutia, acusado de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público" en relación con las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las cuales la oposición asegura que González obtuvo la mayoría de los votos. El opositor ha sido citado en tres ocasiones por la Fiscalía, pero decidió no presentarse, alegando desconocimiento de los cargos y falta de reconocimiento de la autoridad que se los imputa.
John Kirby, en representación de la Casa Blanca, subrayó que la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia es un claro intento del presidente Nicolás Maduro por perpetuar su poder mediante el uso de la fuerza y la intimidación. Kirby calificó de inexactas las acusaciones de incitación a la violencia que pesan sobre González y recordó que Estados Unidos no reconocerá ninguna acción que socave la voluntad popular expresada en las urnas. La medida de arresto fue catalogada por Kirby como parte de una serie de acciones autoritarias que Maduro ha implementado para reprimir a la oposición y mantener el control político en Venezuela.
El portavoz no especificó cuáles serían las nuevas medidas, pero destacó que Estados Unidos ya ha "aplicado y calibrado" sanciones en respuesta a las acciones de Maduro en el pasado. Entre las sanciones más recientes, se incluye la confiscación de un avión oficial del gobierno venezolano en República Dominicana, un Dassault Falcon 900EX que, según Washington, fue adquirido ilegalmente por 13 millones de dólares. Esta aeronave fue trasladada a Florida como parte de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
El gobierno estadounidense ha mantenido una política de presión constante sobre Nicolás Maduro, utilizando las sanciones económicas como herramienta principal para aislar al régimen venezolano. Estas medidas se han aplicado de manera escalonada, con el objetivo de forzar cambios políticos en Venezuela y proteger los derechos democráticos de sus ciudadanos.
Una de las sanciones más significativas ocurrió en abril de este año, cuando Washington revirtió parcialmente el alivio sobre el petróleo y el gas venezolano, alegando que Maduro no había cumplido con sus compromisos electorales, entre ellos, la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Además, la reciente confiscación de un avión oficial en República Dominicana evidencia la determinación de intensificar la presión sobre el círculo cercano de Maduro y limitar su capacidad de operación internacional.
La situación actual marca un punto crítico en la relación bilateral, con Washington dispuesto a seguir aumentando las sanciones si el régimen de Maduro persiste en tomar decisiones que atenten contra los principios democráticos y los derechos humanos. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta crisis, que podría redefinir la política exterior estadounidense en la región.
