La Justicia aceptó un planteo presentado en conjunto por dos gremios contra el impuesto a las Ganancias en representación del personal diplomático y las y los trabajadores administrativos de la Cancillería. De esta manera, el juez federal Martín Cormick dio curso a una "class action" al reconocer la legitimidad de ambos demandantes para reclamar una medida cautelar antes de avanzar en el análisis de la inconstitucionalidad de la ley y su decreto reglamentario.
El colectivo está conformado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Personal del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) quienes accionaron contra las disposiciones del artículo 81 de la ley 27.743 y los artículos 5 y 9 del decreto 652/24, que derogan el artículo 280 del decreto 862/19, reglamentario de la ley 20628, acorde a la letra del expediente a la que accedió El Cronista
"El objeto de la pretensión es obtener 'la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 5to y 9noveno inciso g) del decreto 652/24 (B.O. 22/07/24) por exceder las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo al derogar el artículo 280 de la reglamentación de la ley de Impuesto a las Ganancias-texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1ero del decreto 862 y sus modificaciones", consta en el expediente de la causa.
En otras palabras, tanto APSEN como ATE demandaron al Poder Ejecutivo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los cambios aplicados al pago del impuesto a las Ganancias que modificó las excepciones que regían en su actividad, impactando en un porcentaje de sus salarios. Lo que plantearon fue un regreso a la condición original según la cual había determinados items que no tributaban, a diferencia del tercer gremio del sector, UPCN, que hizo un planteo con el tributo en sí por fuera de la demanda colectiva.
A través de un fallo que se difundió hoy a las partes involucradas, el juez Cormick admitió el amparo iniciado por APSEN y ATE como una acción colectiva -en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional- y dispuso su inscripción en el Registro de Procesos Colectivos "en conformidad con lo enunciado en el punto III Acordada 12/16". De este modo, dio curso a la acción para que la Fiscalía federal tome cartas en relación al planteo presentado.
El paso siguiente es expedirse sobre el amparo en cuestión antes de avanzar en la resolución de fondo. Mientras tanto, según pudo saber este medio, los dos gremios llamarán en las próximas horas a una asamblea en conjunto en la sede de la Cancillería el jueves a las 13
En palabras de Cormick se verifican tres elementos que abonan su decisión de aceptar el planteo en conjunto de ambos gremios. "El primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales; el segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar" y "el tercer elemento exigible es que el interés individual, considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia".
Por estas razones, ambos co-demandantes "se encuentran legitimadas para accionar en defensa de los intereses individuales homogéneos de sus representados", lo cual despeja un primer interrogante sobre la naturaleza de la presentación judicial.
El 31 de julio, la representación legal de Apsen, el gremio que nuclea al personal diplomático presentó su acción de amparo para obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 5 y 9 inciso g) del decreto 652/24. Dos días después, el 2 de agosto, el secretario general del Consejo Directivo de Capital de ATE adhirió a la demanda original con un escrito similar.
En su presentación, ambas representaciones gremiales alegaron que los artículos 5 y 9 inciso g) del decreto 652 /24 al reglamentar la reforma introducida por la ley 27.743 a la ley de Impuesto a las Ganancias, "excluyó la deducción el 'adicional por costo de vida que perciben los miembros del Servicio Exterior de la Nación y los funcionarios del Servicio Civil adscriptos a éste, que se desempeñan en el extranjero'", sin que el texto de la ley del impuesto a la ganancias que reglamenta se haya visto modificado.
En consecuencia, significó "la creación de un impuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y un exceso de las facultades reglamentarias" por lo que reclamaban que se reestablezca el contenido del artículo 280 de la reglamentación original derogada por la nueva normativa.
En el artículo en cuestión se menciona "el adicional por costo de vida que perciben los miembros del Servicio Exterior de la Nación y los funcionarios del Servicio Civil adscripto a éste, que se desempeñen en el extranjero" como parte de los items salariales contemplados en las deducciones a la hora de abonar Ganancias. Con la modificación dispuesta por el actual Gobierno, esas sumas quedaron fuera de esa posibilidad, lo que implicó un virtual recorte de los salarios.
Por último, el fallo abre la puerta a la decisión del juez de resolver la cuestión de fondo acerca de la constitucionalidad o no de los artículos citados.
