Ni cargos políticos ni personas casadas por lo civil al frente de las hermandades, además de limitar los mandatos a dos como máximo. Ese es, a grandes rasgos, el contenido del decreto emitido por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, en el que amplía las normas existentes para las cofradías de la diócesis. Un documento que comparten, al menos parcialmente, desde la Junta Mayor de Alicante, pero que podría ser un arma de doble filo y poner en peligro la supervivencia de muchas agrupaciones religiosas.
