Frente a un monumento a las víctimas del conflicto interno que desangró a Perú, Gladys Rubina desahoga rabia por su hermana muerta en una masacre perpetrada por militares en 1991. Cree que el Estado, por cuenta de una controvertida ley, terminó por darles una "nueva oportunidad" a "los asesinos".
La misma ira, sumada a una sensación de desamparo social, atraviesa a otras familias de civiles asesinados por militares en su lucha contra las sangrientas guerrillas de extrema izquierda, tras la reciente promulgación de una ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
Muy cuestionada por la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la norma anula automáticamente unos 600 procesos que involucran a agentes del Estado.
También beneficiará al anciano expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo preso 16 años condenado por violaciones de derechos humanos antes de que fuera indultado por razones humanitarias en diciembre de 2023.
Sin embargo, en Perú no hubo protestas o mayores reacciones frente a la ley que fue promovida por las fuerzas conservadoras que controlan el Congreso, y avalada por la presidenta Dina Boluarte.
"Estas luchas cada vez son hechos que solo defienden familias y abogados, no hay un acompañamiento social que de alguna manera denuncie lo que vivimos y el daño que significa la impunidad para nuestra democracia", explica a la AFP Gisela Ortiz, exministra de Cultura y familiar de una de las víctimas.
El conflicto interno o "guerra contra el terrorismo" -como se denominó oficialmente- dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos entre 1980-2000, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad.
Para el promotor de la ley, el legislador Fernando Rospigliosi, el Congreso corrigió una injusticia con "militares y policías" perseguidos judicialmente "por presuntos delitos cometidos hace 30 o 40 años", lo que según él "es ilegal porque en Perú los delitos prescriben en un máximo de 20 años".
Según la nueva normativa "nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002", cuando Perú adhirió al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que declara "imprescriptibles" ese tipo de delitos.
Gloria Cano, abogada de las víctimas, cree que a partir de esta ley no solo se archivarán los procesos en curso, sino que se podrían anular "las condenas que se hayan efectuado a raíz de la tipificación de lesa humanidad".
Así, dos casos emblemáticos calificados de lesa humanidad se encaminan hacia el olvido judicial: las masacres cometidas por el grupo militar Colina en Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 víctimas.
Gladys Rubina, de 50 años, perdió a su hermana Nelly en la primera matanza. El 3 de noviembre de 1991, seis militares encapuchados incursionaron con fuego de metralla en una casa donde se celebraba una fiesta, en busca de sospechosos.
Eran los años de plomo en Perú, donde las fuerzas del Estado combatían a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y la guevarista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
La matanza dejó 15 muertos, un niño entre ellos, y cuatro heridos. Ninguno pertenecía a un grupo armado. Un error de inteligencia, según determinaron las investigaciones, llevó a los militares a la vivienda equivocada. Nelly Rubina tenía 16 años.
"Me siento indignada, es una burla hacia nosotros, les dan una nueva oportunidad a los asesinos de nuestros familiares", señala Gladys con la foto de su hermana colgada al cuello.
La mujer habló con la AFP a espaldas de "El Ojo que llora", monumento en memoria de las víctimas. Ubicado en el centro de Lima, el lugar debió ser enrejado y las visitas restringidas tras frecuentes actos de vandalismo.
El 18 de julio de 1992 nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta, en Lima, fueron secuestrados, ejecutados e incinerados por el grupo Colina que incursionó en el campus.
Enrique Ortiz fue una de las víctimas. Tenía 20 años y estudiaba para ser profesor de Educación Física.
Su hermana Gisela se sobrecoge frente a la "injusticia" de la ley. "Durante más de 30 años los familiares del caso Cantuta hemos insistido en que se ejerza el derecho a saber quiénes son los responsables y sancionar a los culpables del delito", señala la mujer de 52 años.
La justicia peruana determinó que las 25 víctimas eran civiles sin nexos con las guerrillas. Algunos militares fueron condenados y encarcelados, pero otros se fugaron. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por ambas matanzas.
Tras su excarcelación por razones humanitarias, responde por otro caso que también involucra al escuadrón Colina.
