En Venezuela el uso y la instrumentación del derecho penal como herramienta de castigo es práctica cotidiana de la oligarquía autocrática cívico-militar gobernante. A pesar de las muchas peticiones del CPI a través del fiscal Khan, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de presidentes democráticos, algunos de ellos de izquierda, observamos que lejos de vislumbrar un propósito de rectificación para emprender una ruta de apego a estándares internacionales de justicia, se arrecian los improperios que persisten para usar la manipulación legal como una especie de sicariato judicial. La dictadura frente al inmenso rechazo nacional ha optado por vigorizar una escalada de procesos judiciales en contra de todos los que manifiesten su disentimiento contra la oligarquía gobernante.
Se define como sicariato el homicidio de una persona por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio. En diversos estudios sobre el sicariato han descubierto que es una de las profesiones más demandadas en Latinoamérica entre jóvenes en disfunción social. El sicariato recluta a innumerables jóvenes, incluso menores de edad, que son seducidos por la facilidad de ganar dinero, respeto y temor. En su proceso de formación asesina, los jóvenes provenientes de los estratos menos favorecidos de la sociedad comienzan matando perros y animales de compañía para soltar los nervios. Para graduarse, los sicarios han de asesinar a una persona en una situación que implique riesgo. Son entrenados en medio de una ausencia total de valores y sentimientos humanos.
A diferencia de sus predecesores que aniquilan a sus víctimas físicamente, el sicario judicial, como su colega también es de antigua data (Los juristas del horror, I. Müller), los elimina utilizando un arma más silenciosa y casi invisible a los ojos, la instrumentalización de la Justicia para judicializar la política o acoso judicial conocida como guerra jurídica (lawfare), manteniendo una apariencia de legalidad, para provocar el repudio popular contra un oponente. Simplemente, es la utilización arbitraria y tergiversada del derecho para violar los principios y procedimientos establecidos por el debido proceso con el objeto de inhabilitar por la cárcel o el exilio, a quien, por algún motivo, se constituye en una figura molesta para la clase gobernante.
Evidentemente, para perpetrar el sicariato necesita estar amparado por la complicidad del Poder Judicial. El Poder Judicial venezolano está integrado por personas dispuestas a ejercer un sicariato judicial para debilitar a los oponentes de la pandilla gobernante y del proyecto político que proclaman. Basta indicar que muchos han sido designados jueces sin calificación, algunos hasta con antecedentes penales por delitos graves. Gran parte de jueces y fiscales (aún hay una pequeña reserva moral) comparten y compiten por “territorios” en los que se maniobran expedientes, se tarifan servicios, se extravían o siembran pruebas. El descalabro del sistema es tal que no interesa someter a la justicia a un delincuente, sino que el delincuente pague para librarse del proceso judicial. En ese medio actúan el sicario judicial y Cabello. El sicariato judicial es expresión el proceso de putrefacción de un régimen que concentra todo el poder.
La cabeza visible de la componenda de sicariato judicial es el fiscal general de la República. Allí, en la Fiscalía se ha instalado el búnker con una clara agenda política. Observadores señalan que él no es parte de la cúpula, no tiene fuerza de respaldo, solo se cubre con la lealtad a Maduro. En realidad, es como el pistolero, el sicario judicial actúa por encargo. Por si esto fuese poco, ha asumido Cabello el Ministerio de Justicia, quien sí es parte de la cúpula gobernante, su misión será aterrorizar al pueblo y seleccionar los encargos para la actuación del sicario judicial.
Ahora, se agudizará el envío a la cárcel a los disidentes sin pruebas fehacientes, quebrantando disposiciones constitucionales de debido proceso y presunción de inocencia. Cabello y el fiscal actúan bajo una toga de protección que les garantiza no sólo que sus delitos permanecerán impunes, sino que sus “asesinatos civiles” serán ensalzados como ejemplos luminosos del respeto a la ley y las instituciones de la república, pues los acompaña la prensa hegemónica, imprescindible cómplice de la pandilla cívico-militar que con sus fake news y posverdades produce el linchamiento mediático de sus adversarios. Recordemos el sicariato contra Miguel Henrique Otero y El Nacional, no fue solo sino económico con aquella infame sentencia del TSJ.
No hay duda de que la pandilla criminal para preservar el poder sembrará al país de terror mediante el sicariato judicial. Cualquier protesta les dará pretexto para secuestrar, construir expedientes y condenar sin pruebas. No debemos olvidar que esos crímenes de la pandilla oligarca gobernante y sus ejecutores, son calificados de lesa humanidad y juzgables en la CPI. ¡Hasta el final!
Rodrigo Rivera Morales es doctor en Derecho Procesal y Constitucional. Bloque Constitucional Capitulo España.
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