Dos años y medio después estamos donde yo creía que era lo más razonable: un gobierno en solitario con acuerdos puntuales en el Parlamento». Con más calma de la que cabría esperar tras la «decisión inexplicable» de «la dirección nacional de Vox» de romper la coalición con el PP en Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, abría ayer sin un atisbo de nostalgia ni síntomas de preocupación «una nueva etapa» política que, según se encargó de repetir en diversas ocasiones, estará basada «en el diálogo con todos» con el reto de «diseñar el futuro de Castilla y León gestionando a la vez el presente de nuestra Comunidad». En su ya clásica intervención en los jardines de la sede del Gobierno regional tras las vacaciones estivales, defendió que el curso se inicia con un ejecutivo «sólido y estable» que «tiene la intención de agotar la legislatura» incluso si no hubiera acuerdo para aprobar los Presupuestos del año 2025. De momento, sí trasladó su deseo de presentarlos «en tiempo y forma» -sería antes del 15 de octubre- con la confianza de obtener los apoyos suficientes. Sin citar a nadie en concreto, sí detalló que antes de la ruptura con Vox «habíamos dado paso importantes» con negociaciones que «pueden permitir» que se logren los apoyos «de forma más fácil» pese a que ayer mismo el líder nacional de la formación de derecha radical, Santiago Abascal, complicaba un poco más esta opción al asegurar que no se aprobarían las cuentas en las comunidades donde gobernaban salvo que se vieran cambios en las políticas vinculadas a la inmigración, la Agenda 2030 y la de género. En todo caso y como muestra de que quiere -o debe- hacer del diálogo su bandera, Fernández Mañueco anunció ayer una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios que se celebraría «inmediatamente después» del pleno de las Cortes de la próxima semana para «buscar acuerdos pensando» en la Comunidad. En opinión del máximo mandatario autonómico, «es el momento de saber quiénes quieren ser útiles a esta tierra o quiénes siguen las estrategias de sus partidos». Con la confianza -no muy convincente- de que «les dejen margen suficiente para tomar decisiones desde Castilla y León», resaltó que él si tiene «las manos libres para gobernar y llegar a acuerdos con todos». Respecto a lo que se tratará en estos encuentros que prevé celebrar «en una sola jornada» comenzando lógicamente con el PSCL, destacó la complicada situación de la sanidad, pero también consideró «importante» que se pueda «pactar» un calendario sobre aquellas infraestructuras clave «para el desarrollo de nuestra Comunidad». «No es una agenda cerrada» y también servirá para conocer las posibilidades de «debatir» y acercar posturas sobre los Presupuestos. Ese diálogo del que hizo gala Fernández Mañueco también se trasladaría a los acuerdos con lo sindicatos y empresarios, con organizaciones empresariales, con la Federación Regional de Municipios y Provincias, además de rectores y entidades sociales. También «mantenemos nuestra solicitud» de celebrar reuniones con los ministros que «aún no han contestado a nuestras peticiones». Entre ellos, mención especial para los titulares de Transportes -el vallisoletano Óscar Puente- y de Industria -el catalán Jordi Hereu-. Ante las preguntas de los periodistas sobre qué sucederá con asuntos pactados en su día con Vox como la proposición de Ley de Concordia, el presidente se salió por la tangente, pero sí quiso dejar que lo firmado con su exsocio era «un pacto de gobierno sin exigencias de una u otra formación política», sino que hubo «entendimiento». Ahora, según defendió, «la prioridad» de cumplir con los compromisos «que adquirí» en el Debate sobre Política General de la Comunidad para concluir señalando que «haremos todo aquello que sea beneficioso para Castilla y León e iremos viendo los temas y avanzando». Tras reiterar su «intención» de agotar la legislatura y reconocer que tener unas Cuentas recién aprobadas ayuda, volvió a insistir en que es posible presentar el Presupuesto en fecha al reconocer que otros años lo que «lo retrasaba de manera grave» era la no remisión por parte del Gobierno de los datos económicos «fundamentales», algo que en este ejercicio «ya se ha suministrado». Poco más dijo sobre la principal Ley de la Comunidad que sí contemplará una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF.
