La devolución del aval fue asumida por la Comunidad en 2012, y no se terminará de pagar hasta dentro de dos años
Seis vuelos, sin autobuses y un agujero de 180 millones de euros: cuatro años del fallido aeropuerto de Corvera en Murcia
“El aeropuerto Internacional de la Región de Murcia no costará ni un euro a los murcianos”, son palabras que el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dijo en 2020 tras conocer que Sacyr, con la sociedad Aeromur, debía indemnizar a la Comunidad por los 182 millones de euros que perdió tras no ponerse en marcha el aeropuerto una vez construido. Sus declaraciones vuelven hoy a resonar con fuerza tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de anular la indemnización porque se pidió fuera de plazo.
La sentencia detalla que las sanciones por incumplimiento de contrato deben presentarse en un plazo de tres meses. La empresa perdió la concesión en 2013, pero la liquidación no llegó hasta 2019. A esto se añade la complicación de que la Comunidad hizo aparecer dos conceptos en el documento: la cantidad que pretendía recibir, 36,3 de millones; y el importe descontado de los 180 millones que reclamaba sin tener en cuenta la inversión realizada por la antigua concesionaria, que cifraba en 143,7 millones. Así, la Sala de lo Contencioso da la razón de forma parcial a Aeromur, que defendía que la liquidación aprobada por la Consejería murciana de Fomento e Infraestructuras había caducado, por lo que no tenía fuerza legal.
Durante la construcción del aeropuerto, el Gobierno regional, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel (PP), avaló un crédito por valor de más de 182 millones de euros a la que por entonces era la empresa concesionaria del proyecto, Aeromur. Tres años después Valcárcel pidió la suspensión de todos los procesos en trámite al considerar que Aeromur había incumplido las condiciones contractuales, ya que la empresa, con el aeropuerto acabado, pidió una ampliación de contrato para ponerlo en marcha. Lo hizo sin exigir ningún tipo de garantías ni avales bancarios a la concesionaria para reclamar la deuda de 182 millones contraída por la Comunidad. A partir de diciembre de 2012 la Comunidad tuvo que asumir la devolución del aval, que no terminará de pagar hasta dentro de dos años.
El Ejecutivo murciano no volvió a oír de esa deuda hasta febrero de 2020 cuando el Tribunal Supremo obligó a Aeromur a hacer frente al pago del aval. Tras la rescisión del contrato la Comunidad Autónoma sacó a concurso la gestión y explotación del aeropuerto durante 25 años, optando finalmente una sola empresa, Aena, que se hizo con la concesión y está operando las instalaciones desde enero de 2019.
Aún sin este revés de la justicia, la Comunidad de Murcia se habría quedado sin indemnización. En 2019 la empresa pasó por un proceso de liquidación, y no poseía ningún fondo para enfrentarse al pago.
El 14 de febrero, seguidamente de la sentencia del Supremo, se publicó un informe mercantil en el que se pone de manifiesto la incapacidad de la sociedad Aeromur para enfrentarse al pago íntegro del aval millonario. Ni siquiera podrían hacer frente a cualquier tipo de gestión administrativa: la antigua concesionaria está en liquidación desde abril de 2019 e incluso se declara insolvente.
