En la actualidad, las transacciones irregulares que ocurran en los servicios de criptomonedas en Costa Rica podrían pasar inadvertidas para las autoridades.
SI bien ya se han desmantelado organizaciones criminales que usan las criptomonedas, principalmente el bitcóin, para lavar dinero y para otras actividades ilícitas, las entidades nacionales que ejecutan esas transacciones aún no están obligadas a reportar los movimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el encargado de recibir alertas de bancos e instituciones financieras que detectan movimientos sospechosos.
Con el fin de perseguir con más facilidad estos delitos, el director del ICD, Fernando Ramírez, urgió a que estos servicios de cripto, conocidos como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), se sometan a las mismas regulaciones de las otras entidades financieras.
“Se tiene conocimiento, por ejemplo, de que algunas organizaciones criminales que obtienen recursos del narcotráfico, acuden a algunas agencias de venta de vehículos que aceptan criptoactivos para comprar estos vehículos.
“También se tiene conocimiento de organizaciones criminales que recurren a los criptoactivos para que los familiares de alguna persona a la que tienen secuestrada paguen el rescate”, explicó Ramírez.
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El bitcóin, ethereum, y otros, son monedas digitales en las cuales se usa criptografía para asegurar las transacciones y la titularidad de quienes participan de los intercambios. No existen físicamente, no están reguladas y no las controla ninguna institución, por lo cual tampoco requieren intermediarios, solo usuarios directos.
En vez de autoridades monetarias convencionales, ellos usan una base de datos descentralizada llamada blockchain.
Los criminales, sin tener que registrar su identidad, crean carteras de cripto desde las cuales se pueden ejecutar miles de transacciones a bajo costo, para luego convertir ese dinero a monedas tradicionales o activos que aparentan ser legítimos.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alerta sobre la existencia de “mezcladores”, servicios que juntan cripto de diversas fuentes en una dirección, para luego enviar esos fondos a diferentes destinatarios ocultando la fuente original.
Instituciones como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), han informado sobre el uso masivo de criptomonedas por parte de grupos como el Cartel de Sinaloa.
En mayo, un reporte de la DEA dio a conocer que Costa Rica está entre varios países en los que se detectaron transacciones de cripto por parte de esta organización.
Un recordado crimen en Costa Rica en que se usó bitcóin fue el secuestro y asesinato del estadounidense William Sean Creighton Kopko, dueño de un sportsbook en el país.
En setiembre del 2018, los secuestradores pidieron $5 millones en bitcoines a la familia de Creighton, y tras varias negociaciones la suma bajó a $1 millón y parientes la pagaron. No obstante, los hombres mataron al estadounidense y uno de ellos, un ingeniero informático de apellidos Morales Vega, huyó a España.
Morales luego fue detenido y traído a Costa Rica. Fue condenado en mayo del 2022 a 65 años de prisión, junto a su novia y su mamá, quienes lideraron el grupo de nueve personas que participaron en el secuestro.
En este caso, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aprovechó que Morales abrió una billetera de bitcóines desde su casa, en Cartago, lo que le dio un indicio a los agentes para aclarar el secuestro.
“Los criptoactivos siempre dejan un rastro. No es tan anónimo como se ha venido señalando de forma errónea. Durante las investigaciones es posible determinar desde cuál billetera sale la inversión, por dónde camina y hasta dónde llega. Estas cadenas, o blockchains, que existen para realizar las transacciones quedan debidamente documentadas a través de los sistemas informáticos”, detalló el jerarca del ICD.
A pesar de esto, las autoridades tendrían mayores herramientas para rastrear el uso ilegal del cripto si los PSAV lo alertan desde un principio.
Para esto, Ramírez precisó que la Asamblea Legislativa debe aprobar el expediente 22.837, presentado por la administración de Carlos Alvarado, y que propone agregar varias reformas a ley de psicotrópicos para darle más armas al Estado en su combate contra la legitimación de capitales.
El artículo de este proyecto que más interesa al ICD es el que obligaría a los PSAV a inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a quedar sometidos a la supervisión de esta entidad.
Además, deberán “acatar de forma obligatoria toda disposición vinculante” que emita la UIF para enfrentar la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En su exposición de motivos, el expediente aclara que “lo pretendido en este proyecto de ley no es regular los activos virtuales como tal, sino regular y supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales”.
Ramírez afirmó que cuando esté listo un estudio que está preparando la UIF, se sabrá cuántos proveedores de este tipo operan en Costa Rica.
Agregó que si se aprueba este proyecto, Costa Rica cumpliría con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), institución que emite lineamientos a los gobiernos para combatir el lavado de activos, y la cual evaluará en el 2026 si Costa Rica ha cumplido con esas recomendaciones o no.
Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, dijo a La Nación que este lunes 26 de agosto la Comisión aprobó un texto sustitutivo y esperan que el expediente llegue pronto al plenario para convertirlo en ley.
“Es un proyecto al que le dimos gran prioridad en este periodo ordinario. Ya firmamos el dictamen correspondiente para que este proyecto pase a la mayor brevedad posible al plenario y se le dé primer y segundo debate”, declaró Jiménez.
En el 2015 se marcó un antes y un después en la historia criminal de Costa Rica, cuando el Ministerio Público fue alertado por primera vez del uso de criptomonedas por parte de un grupo criminal.
Durante dos años no hubo denuncias, hasta que en el 2018 ingresaron dos casos a la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen.
En el 2019 se investigaron otros dos casos, en el 2020 ninguno, en el 2021 hubo cuatro y siete en el 2022.
En el 2023, hubo una explosión de casos al alcanzarse 37 expedientes en la Fiscalía, y hasta agosto de este año se han abierto 28.
“Cada vez existen más personas que están no solamente interesadas, sino que van adquiriendo el dominio sobre esta tecnología para utilizarla tanto de forma lícita como, evidentemente, también ilícita”, indicó el fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, quien alertó de que el país tiene un vacío legal para perseguir estos delitos.
Aguilar explicó que a nivel internacional existen dos tendencias sobre el tema: mientras que algunas investigaciones concluyen que es un porcentaje muy bajo de cripto el que se usa para lavado de dinero, otras más bien afirman que las autoridades solo han alcanzado “la punta del iceberg”.
A pesar de la falta de leyes regulatorias y recursos en el Estado costarricense, el fiscal señaló que el Ministerio Público se unió al Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental, en el cual países latinoamericanos y Estados Unidos coordinan estrategias y se capacitan frente a esta modalidad delictiva emergente.
