Los diputados discuten un proyecto de ley para endurecer las penas por el uso de armas prohibidas, como rifles y fusiles de asalto, incluyendo el AR-15, el AK-47 y subametralladoras tipo M16.
El proyecto, presentado por la diputada independiente Gloria Navas y por Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), reformaría parcialmente la Ley de Armas y Explosivos y el Código Penal.
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Con el proyecto, se impondrían de ocho a 10 años de cárcel para quienes posean, adquieran, comercialicen, transporten, almacenen, introduzcan, nacionalicen, exporten, oculten, fabriquen, ensamblen o utilicen armas prohibidas. Actualmente, la pena va de 4 a 8 años.
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Además, se establecería una condena de 10 a 20 años cuando estos delitos se cometan en el contexto de actividades de delincuencia organizada.
-La pena actual por acopio de armas, de entre 3 y 6 años, podría aumentar hasta en un tercio si el delito se comete en el marco de la delincuencia organizada.
-La pena por la introducción y tráfico de armas, municiones, explosivos y materiales prohibidos iría de 3 a 7 años, en lugar de entre 3 a 8 años. No obstante, la pena podría aumentar un 50% si el delito está vinculado al crimen organizado.
- Se establecería, a través de un nuevo artículo, una pena de 3 a 7 años para la fabricación, tenencia y posesión no autorizada de piezas, mecanismos o elementos de armas prohibidas, con un incremento de hasta un 50% si el delito es cometido por crimen organizado.
-Los diputados aumentarían hasta en 18 meses el máximo de la pena para quien agreda a otro con un arma u objeto contundente, aunque no cause herida, o amenace con un arma de fuego. La pena, que hoy oscila entre dos y seis meses, pasará a un rango de seis meses y dos años.
-Si la agresión consiste en disparar un arma de fuego sin intención homicida, la pena será de uno a tres años, en lugar de entre seis meses y un año. Esta pena se incrementaría hasta en un tercio si se utiliza un arma prohibida.
-Se eliminarían los días multa por amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona, estableciendo, en su lugar, penas de seis meses a dos años de cárcel.
-La pena por accionar armas en sitios poblados o frecuentados se aumentará hasta en 18 meses, salvo en el caso de deportistas de tiro autorizados.
La pena pasará del rango de dos a seis meses a uno de seis meses a dos años, y se incrementará hasta en un tercio si se utiliza un arma prohibida. Los deportistas de tiro que practiquen en polígonos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública estarán exentos de esta sanción.
Este proyecto fue dictaminado afirmativamente por mayoría el 11 de julio en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Ya superó una primera etapa de ajustes y ahora resta una más, antes de ser sometido a discusión en primer debate en el plenario.
El diputado Jiménez sostuvo que esta medida contribuirá a combatir con mayor eficacia la inseguridad y el crimen organizado.
La justificación del texto dice que la estadísticas evidencian un aumento en los delitos cometidos con armas prohibidas y su creciente peligrosidad.
Añade que, en el 2013, los homicidios relacionados con ajustes de cuentas, venganza y sicariato representaban el 22% del total; sin embargo, este porcentaje aumentó al 64% en el mismo año.
Además, mientras que en el 2013 los homicidios cometidos con armas de fuego alcanzaban el 68%, en el 2023 esa cifra se incrementó al 81%.
La brutalidad con la que se cometen los asesinatos y el uso cada vez más frecuente de pistolas modificadas y armas largas reflejan el abastecimiento del mercado ilegal a la delincuencia organizada y común, según la iniciativa.
Según el informe Armas de fuego y extorsión en Centroamérica, elaborado por Iniciativa Global, el 52% de las armas en circulación en el país provienen del mercado negro. De las 493.000 armas identificadas, 257.369 no tienen registro de ingreso o compra.
